La reforma fiscal penal contra factureras ha generado 50 amparos hasta la fecha, informó Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Romero Aranda indicó que, de estos 50 amparos, se ha concedido la suspensión en el caso de un contribuyente del Estado de México, es decir, la ley no aplicará para él hasta que se resuelva su recurso.

“Pero ahí es ponerse el dedo, ¿no?”, indicó Romero Aranda sobre el caso de la suspensión.

En el marco de su participación en el 2do Congreso Nacional de Reformas 2020, de Thomson Reuters, el procurador fiscal dijo que están en análisis sobre defraudadores para presentárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos obtenido, en alguno de los casos, órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso. Estamos trabajando el informe que nos pidió el presidente para ser presentado oportunamente”, declaró a medios.

Indicó que entre las cosas que darán a conocer será que hay empresas que se autorregularizaron ante la ley antifacturas, incluyendo un instituto de salud estatal.

Añadió que los contribuyentes que quieran autorregularizar su situación fiscal deben acercarse al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este año entró en vigor la reforma fiscal penal con la cual la defraudación fiscal se considera delincuencia organizada. En línea con esto, la emisión de facturas falsas se castigará con prisión preventiva oficiosa cuando lo facturado sea por 7.8 millones de pesos.

Romero Aranda recordó que existe una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por algunos senadores que está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reiteró que los empresarios no tienen nada que temer siempre y cuando estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, además de que la reforma no va contra pequeños contribuyentes, ya que para facturar 7.8 millones de pesos —que es lo que persigue la reforma— se necesitan tener ingresos por 22 millones.

En cuanto a funcionarios públicos, por investigaciones no puede dar la cifra de cuántos están involucrados con las empresas factureras, pero informó que han detectado a algunos trabajadores del SAT de la administración pasada vinculados a estas prácticas.

Los primeros que caen

Hace algunos días, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Éstos serían los primeros en caer con la entrada en vigor de la ley antifactureras.

La detención se dio porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de factureras en el Estado de México, la cual era operada por un grupo de lavadores de dinero profesionales, por lo que presentó a la FGR una denuncia contra los miembros de dicha organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras y realizaron retiros por aproximadamente 8,500 millones de pesos bajo un esqueña de pago a tarjetas de nómina.

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que éstos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF.

Añadió que el dinero con el cual operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto de 6,730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.

“Vamos por las cabezas (...) con las nuevas herramientas vamos a poder ir contra estos grupos criminales”, comentó Romero Aranda respecto al caso.

Meten recursos ante modificaciones fiscales

Por otro lado, Romero Aranda detalló que existen contribuyentes que también impugnaron la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea fiscal de este año; no obstante, no dio un dato de cuántos eran.

Explicó que los amparos se han dado por la cancelación del certificado de sello digital, el tema de mecanismos híbridos, cláusula antielusiva, entre otros.

“Nosotros vamos a pelear. Estamos defendiendo algo que es constitucional. Estas modificaciones, antes de que se mandara la iniciativa a la Cámara de Diputados, nosotros la revisamos para cuidar la parte constitucional”, indicó.

Respecto a una reforma fiscal, el procurador mencionó que sería hasta septiembre del 2021 cuando se presente una propuesta que, de hacerse, se haría con el fin de elevar la recaudación sin crear impuestos.

Cuatro esquemas detectados por la procuraduría

  1. Desvío de recursos públicos por diversas autoridades, con los cuales se compran facturas, entran a estas empresas y terminan en campañas políticas.
  2. La compra de facturas para deducir, no hay recursos públicos pero hay despachos que venden los comprobantes y generan ingresos a través de comisiones por comprobante vendido.
  3. La tercerización / outsourcing ilegal, en la cual aparentemente se da un servicio donde realmente  lavan dinero y defraudan al fisco, porque no pagan cuotas de seguridad social, del Infonavit, no pagan impuestos laborales y esconden la relación laboral.
  4. Lavado de dinero con recursos obtenidos del narcotráfico o actividades ilícitas.

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