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En el Senado buscan prohibir la carta de no antecedentes penales en las contrataciones de personal
Una iniciativa en el Senado busca prohibir el uso injustificado de las constancias de no antecedentes penales como requisito para la contratación.
La propuesta plantea prohibir la solicitud de documentos sobre antecedentes penales en los procesos de reclutamiento.
En el Senado de la República se presentó una iniciativa para prohibir que se exija la constancia de no antecedentes penales de manera injustificada cuando se solicita un empleo o se quiere ascender en un puesto. La propuesta prevé reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para evitar la discriminación laboral.
El proyecto promovido por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de la bancada de Morena, plantea adicionar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la LFT para prohibir que tanto empleadores como sus representantes exijan documentos que contengan información sobre los antecedentes penales de una persona, salvo que la naturaleza de las funciones lo exija.
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De acuerdo con la iniciativa, tanto en entornos públicos como privados, el certificado, constancia o carta de no antecedentes penales es un documento frecuentemente solicitado como filtro de acceso a oportunidades laborales, especialmente en procesos de reclutamiento.
No obstante, desde 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que dicha solicitud, sin justificación, puede constituir un acto discriminatorio al restringir oportunidades, vulnerar la dignidad e impedir la igualdad de las personas.
Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha pronunciado en contra de las solicitudes de este tipo de documentos, ya que señala que excluye del acceso al empleo a ciertos grupos, dando pie a un tipo de discriminación laboral que se evidencia porque los criterios analizados no se basan en el mérito profesional.
“Imponer requisitos no estrictamente necesarios puede desplazar a sectores vulnerables hacia ocupaciones informales o precarias, debilitando la inclusión productiva y la cohesión social. La afectación resulta desproporcionada para las personas cuyos antecedentes no guardan relación alguna con el puesto solicitado”, señala la iniciativa.
Solicitar constancia de no antecedentes penales impide la reinserción social
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa puntualiza en que la Constitución prohíbe la discriminación, por lo que cualquier restricción para acceder a una oportunidad debe justificarse, especialmente porque la misma Carta Magna promueve la libertad de dedicarse a la profesión, industria y/o actividad que se desee.
Además, recuerda que el artículo 18 constitucional incorpora el mandato de reinserción social como un deber estatal que no debe ser obstaculizado por exclusiones laborales, un ejemplo, la solicitud de constancia de antecedentes penales.
De acuerdo con el artículo 72 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la reinserción social debe basarse en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Asimismo, el artículo 207 sobre servicios postpenales detalla que se deberá promover en la sociedad la cultura de aceptación del liberado.
No obstante, en la práctica estos grupos siguen enfrentando condiciones adversas al intentar reintegrarse a la sociedad, especialmente al buscar acceso a oportunidades laborales. Sin embargo, la propuesta señala que “la estigmatización y las barreras laborales dificultan el cumplimiento de dicho objetivo”.
“El problema es todavía mayor si se considera que los congresos locales han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad por establecer requisitos absolutos de no contar con antecedentes penales”, subraya el planteamiento.
En esa línea, menciona que los antecedentes se han convertido en una especial de filtro que puede llevar a la sobreinclusión o infrainclusión.
En un caso de Baja California, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que tener o no antecedentes penales no es una “base objetiva” sobre rectitud y probidad vinculados con el perfil inherente al trabajo, especialmente porque la información contenida comprende todo tipo de delitos (dolosos y culposos) y no precisa si son sentencias firmes o procesos en curso.
"Algunos Ministros consideraron que incluso para personas físicas había violación al art. 5º por impedir el acceso a una profesión lícita mediante una carta "abierta" que no distingue delitos culposos o dolosos y confirma que la exigencia general es una barrera laboral indebida”, refiere la exposición de motivos.
Reforma a LFT va por eliminar discriminación en el reclutamiento
La iniciativa del legislador de Morena busca eliminar la discriminación laboral a través de la prohibición de solicitar las cartas de antecedentes como filtro de contratación. Además, indica que esta propuesta se alinea con los lineamientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su capítulo laboral que prevé la eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.
Loera de la Rosa puntualiza en que con esta medida se fortalece la capacidad del Estado para supervisar y sancionar prácticas discriminatorias en el acceso al empleo. “Convierte un problema hoy frecuentemente tratado como "política interna" o "criterio empresarial" en una regla laboral verificable y exigible, alineando el sistema de cumplimiento”.
“Las personas con antecedentes penales, particularmente quienes han cumplido una pena, se ubican en un patrón comparable de vulnerabilidad frente a estigmatización y exclusión; por ello, una política legislativa orientada a prohibir filtros generalizados e indiscriminados es congruente con el propósito de elevar estándares laborales verificables”, resalta.
La iniciativa representa un paso crucial hacia una justicia laboral más inclusiva y moderna. Al limitar la exigencia de antecedentes no penales a casos estrictamente necesarios, no solo se combate el estigma que frena la reinserción social, sino que también se protege el derecho al trabajo.
