Sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá establecen agenda prioritaria ante revisión del T-MEC

Líderes sindicales de México, Estados Unidos y Canadá se dieron cita en la Ciudad de México para sentar las bases de lo que será su estrategia de incidencia ante la próxima revisión del Tratado comercial entre los tres países.

Luego de un encuentro, las organizaciones sindicales firmaron un acuerdo cuyos ejes centrales se concentran en la operatividad de las herramientas actuales de resolución de conflictos y en la consolidación de las reformas normativas internas. Uno de los puntos de mayor relevancia técnica es la propuesta para incrementar la eficacia del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). Este instrumento ha sido la pieza clave en la resolución de quejas laborales durante los últimos años, permitiendo intervenciones directas en plantas industriales donde se presumen violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

En conferencia de prensa destacaron que a medida que el MLRR se consolida como la herramienta insignia del T-MEC, es importante refozarlo para garantizar que su efectividad no se diluya tras el cierre de los casos, para ello se requiere una vigilancia post-remediación más estricta, mayor celeridad en los procesos y una ampliación de la cobertura a sectores vulnerables.

Uno de los puntos de mayor preocupación para las organizaciones laborales es el seguimiento a largo plazo de los acuerdos alcanzados. Imelda Jiménez, del Sindicato Minero, subrayó la necesidad de implementar una vigilancia activa una vez concluido el proceso formal para preguntar a los trabajadores qué sucedió después de que se resolvió el conflicto.

En este sentido, se propone que los agregados laborales regresen a los centros de trabajo para verificar directamente si las condiciones pactadas se mantienen y si la empresa está respetando la negociación colectiva. Asimismo, resulta fundamental que el gobierno detalle en los oficios  la forma específica en que se resolvieron las quejas y los términos exactos de los acuerdos alcanzados.

Para los líderes sindicales, el factor tiempo y la integridad física de los denunciantes son variables que determinan el éxito o el fracaso del mecanismo. Benjamin Davis, de la United Steel Workers, señaló que el proceso actual de uno a dos años es excesivo, especialmente en contextos donde los trabajadores están bajo amenaza o han sido asesinados. Por ello, enfatizó que entre más rápido sea el proceso, más efectivo será para proteger a quienes están en riesgo.

En cuanto a la integridad, Juan Ramón Zúñiga, de la Liga Sindical, alertó sobre el miedo persistente entre los trabajadores y solicitó una protección robusta para denunciantes y testigos durante las investigaciones de los agregados laborales. Esta seguridad debe extenderse a las familias de los involucrados para evitar amenazas colaterales. Complementando esta visión, Davis urgió a sancionar seriamente las amenazas y la violencia, ya sea que provengan directamente de los empleadores o del crimen organizado que trabaja para ellos.

El debate también se centró en la necesidad de que el MLRR deje de ser un instrumento limitado para convertirse en una herramienta accesible para toda la fuerza laboral. Jaime Aguilar, del FAT, propuso abrir el mecanismo a sectores actualmente desatendidos como los trabajadores agrícolas, de plataformas, de servicios y trabajadores migrantes. Además de ampliar los sectores, Aguilar sugirió integrar otros derechos establecidos en marcos internacionales de la OIT, como la cuestión de género, y no limitarse únicamente a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Asimismo, se propuso que la Secretaría de Economía mantenga un registro público de las empresas bajo queja y los motivos de las mismas. Esto debe ir acompañado de una simplificación del proceso de denuncia, ya que actualmente muchos trabajadores carecen de la información o las condiciones óptimas para iniciar una queja, especialmente en comunidades rurales donde el acceso no es libre.

En el ámbito nacional, las organizaciones enfatizaron la necesidad de dar continuidad a la implementación de la reforma laboral en México. La transición hacia un modelo de justicia laboral que elimine los rezagos de las juntas de conciliación y garantice la legitimación de contratos colectivos sigue siendo una prioridad para las contrapartes de Estados Unidos y Canadá, quienes observan en este proceso un factor determinante para equilibrar los costos laborales en la región.