La apuesta por la certeza laboral: el marco jurídico que busca desvincular a la CDMX del fuero federal

La capital del país se encuentra a las puertas de un cambio legal trascendental para sus más de 300,000 trabajadores al servicio del Estado. La iniciativa de Ley de Personas Trabajadoras al Servicio del Gobierno, impulsada por Juan Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, busca subsanar una anomalía histórica y dar pleno cumplimiento al mandato de la Constitución local de 2018 y a la reforma laboral federal de 2019: la creación de una justicia burocrática propia y desvinculada del fuero federal.

Desde hace años, los conflictos obrero-patronales del Gobierno de la Ciudad de México se dirimen ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta dependencia de los criterios e interpretaciones federales ha provocado una justicia “muy lenta”, con juicios que se prolongan por cuatro o cinco años. "Yo tengo juicios de 2012 que no han podido terminar", lamenta Rubio Gualito, subrayando la urgencia de construir un marco jurídico que “le dé certidumbre a los trabajadores de la Ciudad en su relación directa con el Gobierno”.

El proyecto legislativo, que consta de más de 100 artículos, tiene un objetivo claro: ofrecer un "piso" de derechos y certeza jurídica a todos los empleados del Gobierno de la Ciudad, incluyendo a los trabajadores de base, de confianza, por honorarios y a los de organismos públicos descentralizados como el Metro o Sistemas de Transportes Eléctricos.

Históricamente, estas entidades se han regido por un apartado legal distinto (Apartado A) al de la mayoría de los burócratas, lo que ha generado una atomización de criterios y una incertidumbre sobre su estatus laboral. La nueva ley busca ordenar este panorama, estableciendo, entre otras cosas, la regulación de las jornadas y periodos de descanso, y blindando al personal ante los cambios de administración.

Tras la presentación de la iniciativa al Pleno del Congreso, ésta fue turnada a la comisión que preside Rubio Gualito. En este espacio se revisará, se le harán ajustes de ser necesarios, y se discutirá con apertura a los grupos sindicales. El diputado ha anunciado la celebración de foros previos a la discusión en comisión, buscando escuchar a las diversas corrientes sindicales de la Ciudad, incluyendo a las de RTP, el Metro, el magisterio y las universitarias.

Una de las implicaciones más relevantes de esta ley es la ratificación de la libertad y democracia sindical; aunque la Ciudad de México ha sido pionera en prácticas como el voto libre, secreto y directo para la elección de sus directivas, la ley lo eleva al rango de garantía constitucional, alineándose con los principios de la reforma federal.

Pese a lo ambicioso de la iniciativa, su creador no prevé grandes obstáculos políticos, “la ley es considerada un ‘mandato constitucional’ que da certeza jurídica. Aunque la creación del nuevo Tribunal Burocrático de Justicia de la Ciudad de México no se concretará de inmediato, se prevé en un transitorio su establecimiento para 2030, dada la complejidad de crear un órgano jurisdiccional tripartita”, expuso Rubio Gualito.

En caso de ser aprobada la ley, entraría en vigor para dar orden y claridad al camino recorrido por el avance institucional en la capital, “para dar respuesta a las necesidades concretas de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad".