El pasado jueves 6 de junio, un grupo de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, de los llamados de confianza, de distintas áreas de la Secretaría de Cultura federal, bloquearon el Paseo de la Reforma exigiendo ser atendidos por las autoridades de la dependencia en pos de la defensa de sus derechos laborales y, en particular, por la restitución de prestaciones laborales que percibían desde el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y continuaron percibiendo como parte de la Secretaría de Cultura, hasta antes de la entrada de la nueva administración.

El Economista se entrevistó con un trabajador de base no sindicalizado de dicho grupo de manifestantes, quien dijo que, por si fuera poco, los trabajadores de la Coordinación Nacional de Publicaciones (CNP) afrontan otra lucha a la par.

Se trata de la incertidumbre de los trabajadores de dicha institución sobre la próxima fusión entre la CNP y el Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por el escritor Paco Ignacio Taibo II, en una operación triangulada con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para finalmente integrarse al Fondo.

“El director del Fondo ha declarado recientemente que, en aproximadamente un mes, los trabajadores de la CNP ya estarán en el FCE. Pero ni la secretaria de Cultura ni la directora general de Publicaciones (Gloria Guillermina Araiza) se han acercado con los trabajadores de la CNP para decirles cómo se va a trabajar, qué va a pasar con los operativos de base y con los no sindicalizados o llamados de confianza. Con los mandos medios la autoridad tampoco ha sido abierta para decir qué van a hacer, a cuánta gente se va a despedir”, explicó.

Cuestionó que un titular de una paraestatal, que no pertenece a la Secretaría de Cultura, ordene proyectos en una dirección general que todavía forma parte de una secretaría de Estado. Recriminó a la secretaria Frausto por no haber hecho un pronunciamiento público para autorizar dichos manejos.

“No puede ser que un director general dé declaraciones afectando la estabilidad de la clase trabajadora. Es una doble lucha (para el personal de la CNP) porque defienden sus prestaciones y, al mismo tiempo, les dicen que se van a ir a otra dirección general, pero no les dicen cómo se van a ir y cuántos trabajadores se van a despedir. Están en la incertidumbre y nuestra secretaria no les dice nada. Pedimos que sean claros”, argumentó.

Se expresó en desacuerdo con la forma de trabajo de las autoridades vigentes en la dependencia, puesto que, dijo, “no hay programa de trabajo, no hay Programa Nacional de Cultura y en el Programa Nacional de Desarrollo solamente tenemos dos páginas que hablan sobre el rubro. Nos han relegado del trabajo que veníamos haciendo año con año. Incluso no había problemas así con el cambio de administraciones porque seguíamos trabajando, los proyectos se seguían haciendo y ahora estamos parados, en el desconcierto, temerosos”.

No claudican en la lucha por sus prestaciones

Además, el entrevistado dio detalles sobre la respuesta de las autoridades de la Secretaría después de que, el pasado jueves, recibieran a un grupo de representantes de los trabajadores, previsiblemente, para buscar una solución a sus demandas.

“En la mesa, la autoridad de la Dirección de Administración no nos dio una solución. Quedamos igual. Nos dijeron que, supuestamente, se van a hacer mesas de trabajo para que se hagan las consultas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se va a meter un amparo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que las Condiciones (Generales de Trabajo) no surtan efecto todavía porque están en revisión, pero la autoridad ya las mandó, ya las están aplicando”.

Explicó que el personal que labora para la dependencia es regido por las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Cultura, un documento que se entregó a la Junta de Conciliación y Arbitraje en noviembre del 2018, con el apuro de la transición de gobierno y sin tomar en cuenta las observaciones de los sindicatos de Cultura ni de los trabajadores no sindicalizados.

En dicho documento, detalló, “nos catalogan como trabajadores de confianza, es decir, que no tenemos ningún derecho, nada que reclamar. Nos desfavorece en que nos quitaron las prestaciones que teníamos antes de formarse la Secretaría. Donde más nos pega es en el bono sexenal (una compensación que recibían en enero y junio de cada año), mismo que, como trabajadores de confianza, como se nos cataloga, no nos hace acreedores a esas prestaciones y, por lo tanto, nos explican que tampoco podrán entregarnos los vales de fin de año. Entonces, nada más tendríamos nuestro sueldo y el aguinaldo”.

Explicó que los salarios de la Secretaría de Cultura son bajos generalmente, puesto que la gran mayoría de los trabajadores perciben entre dos y medio y tres salarios mínimos. “Con deducciones y prestaciones, como el Fovissste, algunos percibimos casi 2,500 pesos a la quincena. No estamos pidiendo que nos paguen más sino que nos respeten las condiciones de trabajo que teníamos cuando éramos Conaculta y mantuvimos con la formación de la Secretaría, hasta la entrada de este gobierno”, agregó.

Detalló que dicho documento fue firmado por la entonces secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, con el visto bueno del entonces oficial mayor, Francisco Cornejo, y el coordinador nacional de Relaciones Laborales de esa administración, Antonio Hernández Brito.

“Fue hasta febrero cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje dio a conocer las Condiciones Generales de Trabajo y los sindicatos interpeló argumentando que no se trataba de las condiciones que, en su momento se trabajaron en conjunto. Nosotros nos enteramos este año, cuando ya estaba aprobadas. Nunca nos tomaron en cuenta y nos están perjudicando”, complementó.

Si se hace una consulta a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos 5 y 6 se explican los dos rubros en los que se dividen los trabajadores del gobierno: los trabajadores de confianza y los trabajadores de base. En el documento vigente (disponible para su consulta en la página http://www.diputados.gob.mx) se listan labores específicas que los llamados trabajadores de confianza deben realizar. Esa Ley ha servido de fundamento para los inconformes en cuestión para defender que, “todo el personal operativo de la Secretaría de Cultura no desempeña actividades incluidas dentro del catálogo y descripción establecida en el artículo 5 de la Ley”, de acuerdo con lo que se puede leer en un documento que, como parte de su defensa, han enviado a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto; al titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Omar Monroy Rodríguez, y al director general de Administración, Hugo Fernando Huesca Granciano.

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