Ipas México, organización sin fines de lucro que trabaja para incrementar la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, presentó su estudio: “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, en éste analizan las condiciones en las que se da el embarazo infantil en nuestro país y los hallazgos son importantes para la formación de política pública.

En entrevista con Fernanda Díaz de León, coordinadora de política y abogacía de Ipas México, explicó que la decisión de realizar esta investigación fue por la preocupación del incremento de embarazos en niñas menores de 14 años. Mencionó que si bien es un problema global y multifactorial, en México desde el 2003 se ve un incremento en las cifras alcanzando el nivel más alto en el 2016 cuando se registraron 11,808 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años.

“Mientras que hay una reducción en la tasa de nacimientos entre adolescentes mayores de 15 años, observamos que en el grupo de menos de 15 esto no ha sucedido”.

El estudio tiene la intención de entender las causas que originan estos embarazos, pues actualmente no se cuenta con cifras que hablen sobre las circunstancias en las que se dan estos embarazos. Con el cruce de proyecciones de encuestas nacionales, censos poblacionales, estadísticas y a través de una metodología indirecta se buscaron estas pistas.

Sobre los descubrimientos, la especialista en temas de derecho sexual y reproductivo explicó que el primer hallazgo de esta investigación fue que la diferencia de edad entre niñas menores de 15 años y los responsables del embarazo (parejas) es abismal: 60% de las niñas reportó que el padre tiene entre 18 y 78 años.

También se encontró que seis de cada 10 embarazos en todo el grupo de adolescentes (hasta los 19 años) se dan entre mujeres casadas o unidas. Esto da cuenta de que esta población se está uniendo a temprana edad; sin embargo, 12% de estas uniones se dio sin el consentimiento de las menores y algunas de las razones por las que están unidas o casadas es a consecuencia del propio embarazo. Otro porcentaje fue rapto, además de los arreglos a cambio de dinero que todavía existen en el país.

Al investigar el papel de la violencia o las circunstancias donde se dan estas relaciones sexuales, comúnmente se piensa que es por el ejercicio irresponsable de la sexualidad, pero se encontró que no se trata de actos consensuados o algo a lo que las menores se pueden negar.

Algunas cifras de esta problemática vienen a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh), que muestra que 4.4 millones (aproximadamente 9.4% de las mujeres encuestadas) sufrieron abuso sexual durante su infancia. Las cifras señalan que ocho de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas; 67% indica a familiares como padre, padrastro, tío, hermano, primo, abuelo, etcétera.

Entre quienes declararon haber iniciado su vida sexual entre los 10 y 14 años, 6.7% (casi 20,000 mujeres) no la consintió. Otra lectura habla de la falta de información que tienen las menores para identificar situaciones de abuso.

“No se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas siendo obligadas, coaccionadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza física o moral, el chantaje, la manipulación y las amenazas en un marco de normalización de la violencia y de la baja efectividad en materia de procuración de justicia”, explica Eliana Olaizola, directora de Ipas México.

“(Encontramos que) las causas del embarazo en niñas menores de 15 años no tienen que ver con el acceso a servicios o a información sino a una vulnerabilidad, consecuencia de la violencia de género en lo macro, que se va traduciendo en la imposibilidad de tomar decisiones”, confirmó Díaz de León.

El papel de la sociedad civil

En México se estima que entre el 2010 y el 2015 se cometieron cerca de 3 millones de delitos sexuales, 600,000 por año, incluyendo los que no se denuncian. El 94% de los delitos sexuales que se cometen anualmente no es denunciado y por cada violación denunciada existen nueve que no llegaron a un proceso judicial. Éste es un problema de salud pública, por ello, con esta evidencia que se presenta, Ipas pone a disposición una herramienta para la toma de decisiones.

“El Estado está obligado a cumplir con los derechos humanos de estas menores y comprometido a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable (la agenda 20-30). Uno de éstos es erradicar el embarazo en menores de 15”, agregó la especialista al El Economista.

“Buscamos decisiones informadas”, por ello se presentan las causas y al final se desprenden algunas recomendaciones a partir de la evidencia en tres niveles: prevención (pues hay una violencia estructural en contra de las niñas); intervención (modificar la forma en la que estamos entendiendo y atendiendo la problemática), y registro, investigación y evaluación (de las circunstancias). todo para mapear la problemática y poder evaluar las políticas públicas que se implementen.

La organización busca estar cerca de los tomadores de decisiones. La Enapea dirige uno de los esfuerzos a través de la Estrategia Nacional del Embarazo Adolescente, donde participa la sociedad civil. Ipas México participa específicamente con el objetivo de eliminar el embarazo en menores de 15 años. También se trabaja con las autoridades sanitarias para garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a servicios de aborto legal cuando los embarazos son consecuencia de violencia o violación sexual. Tienen la misión de incidir en que ninguna mujer ponga en riesgo su vida por un aborto inseguro.

Al presentar el estudio estuvieron presentes algunas instancias del gobierno (el Sistema Nacional de Protección Integral a los niñas, niños y adolescentes, el Instituto de las Mujeres, Conapo, entre otras).

Díaz de León concluyó que la participación civil es fundamental. “El Estado no tienen las mismas herramientas, experiencia e información que la sociedad civil, que generalmente suele ser objetiva y aporta otras herramientas para poder tomar decisiones encaminadas a cumplir y respetar los derechos de las mujeres. Nosotros queremos aportar con esta información”.

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