Ley de Inversión en Infraestructura avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

Las Comisiones Unidas de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avalaron la iniciativa para crear la “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”, con la que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca regular los esquemas de inversión del Estado y privados en las obras públicas.

El presidente de Comisión de Infraestructura, Roberto Armando Albores Gleason (PT), defendió esta iniciativa al señalar que se debe cerrar la brecha de inversión, pues reconoció que México es de los países que menos invierte en infraestructura.

Sostuvo que con esta ley se plantea enfrentar algunas problemáticas, tales como los derechos de vía, los proyectos renegociados sin criterios predefinidos; proyectos con conflictos sociales por falta de consulta a la comunidad; pasivos contingentes sin fuente de pago definida; compromisos fiscales ocultos sin límite legal, y proyectos abandonados tras invertir recursos públicos.

De acuerdo con el diputado, para estos retos la nueva ley plasma la licitación como regla, bases de datos nacional, la creación de un Consejo de Planeación Estratégica como un órgano de alto nivel presidido por la presidenta, ocho evaluaciones obligatorias y triple control fiscal.

“La licitación pública es obligatoria con solo seis excepciones, se crea la base de datos nacional de infraestructura estratégica y ningún proyecto avanza sin pasar ocho evaluaciones obligatorias”, dijo.

Es así que, a través de 141 artículos, 12 títulos, reformas a la Ley del Presupuesto y ocho transitorios, se plantea un esquema de participación mixta, es decir, el gobierno y el sector privado inviertan juntos. 

Por otro lado, argumentó que esta iniciativa tiene una disciplina fiscal como “cerrojo de seguridad”, ya que establece artículos como el 9 Bis que marca el registro obligatorio de pasivos y contingencias.

Aunado a que se fortaleció este dictamen con un transitorio para que “los proyectos de inversión en infraestructura estratégica que desarrollan al amparo de la presente ley, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades, al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y a los criterios de sostenibilidad y las finanzas públicas, sin que la aplicación de esta ley implique la autorización automática de recursos ni la asunción de obligaciones financieras fuera de los límites establecidos en el marco jurídico vigente”.

Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que con este dictamen se buscará fomentar los sectores prioritarios, tales como son el energético, el carretero, el portuario, el ferroviario e hídrico. Con una inversión proyectada de 5.6 billones de pesos para 2030.

Mientras que se integran en ese dictamen nuevos vehículos de inversión, que son esquemas especializados en infraestructura; se integran convenios de colaboración para asistencia a gobiernos locales, y se define la figura de vehículos de propósito específico.

Además de que se protegen los gastos relacionados con los proyectos para el desarrollo con bienestar frente a ajustes por disminución de ingresos y se establecen los contratos de inversión estratégica como contratos plurianuales.

En particular, añadió, el último párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los proyectos de inversión que impliquen compromisos plurianuales, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la autorización correspondiente en el presupuesto de egreso de la Federación, “lo que garantiza que no puedan asumir sus obligaciones financieras fuera del marco aprobado por el Congreso ni comprometer recursos que excedan los ingresos autorizados por la Ley de Ingresos de la Federación”.

“En consecuencia, la presente ley no crea nuevos límites fiscales ni modifica los existentes, ni altera la metodología de determinación del balance público, de la deuda pública o de los requerimientos financieros del sector público, sino que opera dentro del sistema de responsabilidad hacendaria vigente, preservando en todo momento las facultades del Congreso de la Unión para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egreso de la Federación, así como para establecer los límites de endeudamiento y de gasto público correspondiente”, defendió el morenista.

Oposición advierte sobre deuda pública y riesgos financieros

La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) señaló que esta iniciativa “es en realidad una corrección de rumbo” y se reconoce que el modelo actual de inversión en infraestructura ha sido “opaco, ineficiente y fiscalmente riesgoso”, por lo que ante este diagnóstico la iniciativa propone un nuevo modelo de inversión mixta, que, a su parecer, es sofisticado en lo financiero, pero débil en lo institucional.

Asimismo, señaló que se habla de un cerrojo de disciplina fiscal, pero que en realidad marca contratos plurianuales, pagos diferidos, garantías y la posibilidad de iniciar proyectos sin la suficiencia presupuestaria definitiva.     

“El propio dictamen reconoce que ya existen riesgos fiscales relevantes, pero la ley no establece límites claros, ni techos, ni mecanismos duros de control”, dijo.   

En su intervención, la diputada del PAN, Silvia Patricia Jiménez Delgado dijo que esta propuesta busca arreglar la caída de la inversión pública, la falta de recursos fiscales, pasivos ocultos y proyectos fallidos, al impulsar la creación de esquemas de inversión de largo plazo para permitir participación de inversión privada bajo el control estatal, movilizar ahorro institucional, es decir, las afores. 

Agregó que, si bien este dictamen prevé la realización de obras, también impacta en asuntos como deudas a largo plazo, y la posibilidad de iniciar proyectos sin el presupuesto completo. 

“Este dictamen sí construye obras pero también construye deuda a largo plazo, hasta por 40 años…Que un gobierno decida y otros queden atorados...estamos frente a un mecanismo sofisticado de endeudamiento diferido que compromete las finanzas de las próximas generaciones”, alertó. 

En el mismo sentido, la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) sostuvo que estos cambios son una forma de endeudamiento, ya que se abre una puerta a esquemas donde el sector público asume una parte sustantiva del riesgo, mientras que los beneficios pueden concentrarse en los participantes privados. Además, la inclusión de la inversión social requiere una revisión más seria para asegurar que no tendrán riesgos financieros. “Traslada riesgos financieros al erario”, subrayó.