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Ediles abandonan mesas de paz en Chilapa, Guerrero
Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero exigieron la desarticulación de los Ardillos, la instalación de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales en caminos de la Montaña Baja.
Los presidentes municipales acusan que los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra.
Los presidentes municipales de la región Centro y montaña baja de Guerrero anunciaron su retiro de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Chilapa de Álvarez, al acusar simulación institucional, falta de resultados en materia de seguridad y exclusión por parte de autoridades estatales y federales, en medio de una escalada de violencia atribuida al grupo criminal los Ardillos.
En un pronunciamiento público fechado el 23 de mayo, las y los alcaldes manifestaron su respaldo “absoluto, firme e irrestricto” a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, ante la crisis de inseguridad que enfrenta el municipio y la región.
Los ediles denunciaron que durante meses acudieron a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz para exponer amenazas, desplazamientos forzados, ataques armados y hechos de violencia; sin embargo, acusaron que únicamente encontraron “simulaciones burocráticas” y ausencia de estrategias efectivas.
“Lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva o estrategias contundentes, únicamente hemos sido testigos de simulaciones burocráticas donde los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra”, señalaron.
Desplazamientos
Además, comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero denunciaron que enfrentan una “guerra de exterminio” por parte del grupo criminal los Ardillos y acusaron a autoridades federales, estatales y municipales de permitir la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 2,000 personas en distintas localidades del municipio de Chilapa.
Durante una conferencia de prensa realizada el pasado sábado, 23 de mayo, como parte de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S), habitantes y autoridades comunitarias señalaron que los ataques armados y con explosivos se han intensificado recientemente, mientras persiste —afirmaron— la indiferencia gubernamental ante sus denuncias.
En paralelo, comunidades indígenas agrupadas en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la CRAC-Pueblos Fundadores difundieron el “Manifiesto de Alcozacán”, en el que denunciaron vivir una “guerra de exterminio” perpetrada por los Ardillos y acusaron omisión, complicidad y encubrimiento por parte de autoridades.
Las comunidades señalaron que entre el 6 y el 12 de mayo las localidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán sufrieron ataques armados con drones explosivos.
En el documento, los pueblos indígenas acusaron que el gobierno federal y estatal minimizan la violencia y fabrican una narrativa para criminalizar a organizaciones comunitarias.
“Lo que hemos vivido durante más de 10 años y que se replicó el pasado 6 de mayo (…) es una guerra de exterminio en nuestra contra”, expresaron las comunidades.
También, exigieron la desarticulación de Los Ardillos, la instalación de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales en caminos de la montaña baja, acceso a recursos del Ramo 33, atención médica, infraestructura educativa y garantías de seguridad para defensores comunitarios.