La IP, a la caja de cristal

Citigroup deberá pagar 97 millones de dólares en Estados Unidos por haber lavado dinero en México; Odebrecht ha firmado acuerdos con autoridades a cambio de entregar información sobre el pago de sobornos a servidores públicos y OHL es noticia un día sí y otro también por las denuncias de su presunta participación en relaciones sospechosas con funcionarios y partidos políticos.

Estos tres casos son ejemplos de un fenómeno que llegó para quedarse: la discusión pública sobre el papel de las empresas en la corrupción. El tema es importante y, aunque a varios asuste, es una buena noticia para el país.

Primero, porque permite entender que el fenómeno del saqueo al erario no pasa sólo por los funcionarios involucrados, sino que requiere de la participación del sector privado; segundo, porque la sola discusión sobre el tema hace que se cuestione algo que hasta hace poco era visto como normal, porque la corrupción en México no es nueva pero sí este nivel de atención en la sociedad.

Hasta hace poco los temas de economía y seguridad eran los ganadores en todas las encuestas que medían la preocupación de los electores antes de cada contienda.

Hoy invariablemente, esos temas alternan con el debate sobre el castigo a la corrupción y la impunidad. Y eso es algo positivo, pues el primer paso para dejar un mal hábito es reconocerlo como tal.

El juego está cambiando, y aunque la transformación sea lenta, implica nuevos retos también para la comunicación empresarial. De entrada porque todas las organizaciones deben reconocer que serán vigiladas como nunca. Ya sea por la autoridad, por los consumidores o por sus competidores.

Sus conductas públicas serán sujetas a escrutinio: lo que ofrecen, a quién se lo venden, cómo obtuvieron sus contratos, etcétera. Incluso las organizaciones deben asumir que sus acciones internas hoy son susceptibles de verse ventiladas, pues no faltará el empleado o excolaborador que esté dispuesto a denunciar lo que considera como una irregularidad.

Las empresas no sólo deben tener un discurso de ética y responsabilidad social sino que deben llevarlo a la práctica. Las incongruencias tarde o temprano serán baloneadas y sancionadas, ya sea en México o en el extranjero, por clientes, proveedores, autoridades o medios de comunicación.

Las empresas no sólo deben decir que están comprometidas con la honestidad, sino que deben estarlo. De no hacerlo su conducta se convertirá en una fuente de crisis que les habrá de pasar factura. Porque el contrato obtenido hoy puede ser echado abajo el día de mañana cuando se sepa cómo se obtuvo. Porque los funcionarios van y vienen pero la reputación de las empresas es un activo que deben cuidar más allá del sexenio en turno.

Revisar sus relaciones con los gobiernos, fortalecer la ética de todos sus colaboradores y aliados, cuidar sus procesos de comunicación interna y externa y generar una cultura organizacional que asuma que todo lo que hacen sucede dentro de una caja de cristal en la que todo se mira son algunos de los desafíos que esta temporada de escándalos deja para todas las empresas que quieren operar en México.

Ya veremos cuáles toman nota.