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FinCEN pide a instituciones financieras vigilar la contratación de migrantes indocumentados
FinCEN pidió a bancos y cooperativas identificar y denunciar operaciones vinculadas al empleo de migrantes indocumentados y fraude laboral.
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El gobierno de Estados Unidos reforzó su estrategia de control migratorio mediante nuevas medidas de vigilancia financiera. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió un aviso dirigido a bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras para que detecten y reporten posibles actividades ilícitas relacionadas con la contratación de migrantes indocumentados.
La medida forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer el control fronterizo y evitar el uso del sistema financiero estadounidense en esquemas vinculados al empleo irregular, el fraude fiscal y el robo de identidad.
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“El presidente Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la disposición.
FinCEN alerta sobre fraude laboral, robo de identidad y evasión fiscal
Según el organismo, algunos empleadores recurren a esquemas de nómina fraudulentos para ocultar la contratación de trabajadores sin autorización laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y la hostelería.
FinCEN advirtió que estas prácticas pueden involucrar el uso indebido de números de Seguro Social, robo de identidad, evasión de impuestos y la utilización de empresas fantasma para dispersar pagos sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
El organismo también señaló que los salarios obtenidos mediante estos esquemas pueden ser utilizados para financiar actividades ilícitas, incluidas operaciones de organizaciones criminales transnacionales relacionadas con narcotráfico, trata de personas y otros delitos.
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Como ejemplo, el informe cita un caso en el que dos ciudadanos extranjeros operaron durante varios años un esquema de nómina ilegal que empleó a trabajadores indocumentados y generó pérdidas superiores a 38 millones de dólares para Estados Unidos.
Más de 2,500 millones de dólares en operaciones sospechosas
De acuerdo con FinCEN, durante 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude en nóminas vinculados al empleo irregular.
El análisis identifica la participación de intermediarios laborales que crean empresas fantasma o negocios de servicios financieros no registrados para administrar pagos de empleadores. Estos intermediarios pueden abrir cuentas utilizando documentos de identidad extranjeros o Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN) y posteriormente distribuir recursos a trabajadores indocumentados mediante efectivo, cheques o plataformas de pago entre particulares, sin retener impuestos federales o estatales.
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Bancos deberán reforzar controles sobre el uso del ITIN
Como parte de las nuevas directrices, FinCEN recomendó a las instituciones financieras aplicar una supervisión más estricta cuando un cliente utilice un ITIN para abrir cuentas o solicitar productos financieros en lugar de presentar un número de Seguro Social o un documento válido de autorización de empleo.
La agencia subrayó que el uso de un ITIN no constituye por sí mismo una irregularidad, pero pidió a las entidades financieras evaluar si representa un factor de riesgo relevante dentro de sus procesos de debida diligencia.
FinCEN solicitó que las instituciones financieras utilicen la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) para facilitar la identificación de casos vinculados con estas conductas.
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Política migratoria y vigilancia financiera
La medida se enmarca en la Orden Ejecutiva 14406, denominada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense”, y forma parte de una estrategia más amplia que busca vincular el control migratorio con la supervisión del sistema financiero.
Mientras el gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan combatir el fraude, la evasión fiscal y el robo de identidad, organizaciones críticas de la política migratoria han advertido que este tipo de medidas podría ampliar la vigilancia sobre comunidades migrantes y trasladar a instituciones privadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.