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Trump endurece reglas de identificación para emisores de remesas; en riesgo transferencias a México
Donald Trump giró una orden ejecutiva para que el Departamento del Tesoro y los reguladores financieros modifiquen la reglamentación para endurecer los requisitos de identificación de clientes que hacen transferencias transfronterizas de bajo monto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, giró una orden ejecutiva para que el Departamento del Tesoro y los reguladores financieros modifiquen la reglamentación para endurecer los requisitos de identificación de clientes que hacen transferencias transfronterizas de bajo monto.
En la orden ejecutiva, señaló que “incluso la prestación de los servicios financieros más básicos sin la identificación del cliente, pueden representar una amenaza significativa de seguridad nacional y pública”.
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Específicamente refiere que los bancos y otras instituciones financieras “deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas; préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación”.
De acuerdo con la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dicha medida podría afectar el envío de remesas.
Recordó que el 28 de noviembre, Estados Unidos también emitió una alerta para solicitar a las empresas de servicios monetarios detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con transferencias de fondos transfronterizos que involucran a extranjeros ilegales.
Tal como lo explica la experta, en Estados Unidos viven 11.5 millones de mexicanos de los que 35% tienen estatus migratorio irregular.
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“De materializarse este bloqueo al envío de remesas por parte de indocumentados, es probable que busquen alternativas para el envío de dinero, pero sería inevitable un desplome de las remesas en dólares”, dijo Siller.
La orden ejecutiva del presidente Trump, dio 60 días para que cada regulador financiero federal emita la orientación sobre la gestión de riesgos crediticios potenciales que plantea la población no autorizada a trabajar.
