A menos de cinco meses de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano modificó el documento que establece las reglas de operación de la Estrategia Nacional Digital en lo que se refiere a adquisiciones de tecnología y seguridad de la información.   

Desde el 23 de julio pasado, las instituciones públicas deben privilegiar el procesamiento de datos en territorio nacional y los proveedores de tecnología del gobierno tendrán que someterse a la jurisdicción de las leyes y tribunales mexicanos sin importar el territorio en el que los datos se encuentren alojados.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y el Comisionado Nacional de Seguridad adquieren con la publicación del documento la obligación, libre de excepciones, de aplicar lo dispuesto por el “Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional”, el cual sirve como la guía normativa de la agenda digital del país y cuya más reciente modificación aborda temas como el desarrollo de aplicativos de software en el interior del gobierno; las contrataciones y adquisiciones públicas en materia tecnológica y la seguridad y manejo de la información con la que traten las instituciones públicas.

El acuerdo publicado el pasado lunes en el DOF reforma y adiciona varios artículos del documento original, que fue publicado en 2014 y al que ya se le habían hecho algunos ajustes en 2016. Los cambios publicados hace unos días se abalanzan sobre aspectos importantes de la política de digitalización del país. El que las instituciones tengan que compartir infraestructura, bienes y servicios entre sí, como lo mandata la modificación al Artículo 8, o que se fomente en todo el documento el desarrollo de aplicativos públicos a través de un Programa de Software Libre son cambios que no deben pasar desapercibidos y hasta parecen hacerle guiños al plan de austeridad del futuro presidente de México.   

Frente a la postura de especialistas del sector de TI acerca de que estos cambios llegan con bastante retraso a intentar cumplir con los objetivos de la estrategia, la doctora Yolanda Martínez Mancilla, encargada de la oficina de la Estrategia Digital Nacional dentro de la Presidencia de la República, advierte que las modificaciones reflejan más una actualización de la política que un retraso en su implementación.

“Esta es la tercera versión que se emite de la política. Eso nos ayuda a ir actualizando y fortaleciendo aquellos conceptos que nos permitan hacer una mejor implementación de la misma. El compromiso es mantener actualizado siempre nuestro marco normativo”, dijo Yolanda Martínez en entrevista con El Economista

Cambios llegan a destiempo

La EDN marcó la agenda de digitalización del gobierno mexicano y buscó dar impulso al acceso y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre el gobierno y la población. Las bases de su creación están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Peña y, según sus propios objetivos, debió ser la política que le diera acceso a 80% de los mexicanos a internet y que digitalizara todos los trámites burocráticos, al menos del gobierno federal. Nada de esto ocurrió.

Para el académico de la UNAM, Jorge Bravo, los más recientes ajustes a las políticas de la estrategia responden al trabajo que ha estado haciendo su coordinadora, la maestra Yolanda Martínez, después de la salida de Alejandra Lagunes. 

Si bien Bravo, quien también es director editorial de Mediatelecom Policy & Law, cree que la maestra Yolanda debe continuar haciendo su trabajo e implementar lo establecido con estas últimas modificaciones, también está seguro de que la Estrategia Digital Nacional no seguirá dentro de la estructura de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Previó que esta política pública regrese a resguardo de la subsecretaría de Comunicaciones, el brazo TIC de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que quien quede a cargo de esta dependencia será quien reformule o conserve las disposiciones y políticas que se modificaron con este último acuerdo.

“Es agridulce que se avance en estos procedimientos y que se ordene producir aplicaciones de forma tardía. A lo mejor le sirve al próximo gobierno como guía pero no más”, dijo Jorge Bravo.

En el mismo sentido se expresa Michel Hernández Tafoya, consejero en Observatel, para quien lo primero que hay que entender es que cualquier disposición asociada a una estrategia digital por definición tendría que considerar el mediano y el largo plazo.

“Va a ser muy difícil que la administración retome en la estrategia. Lo que nos dice es que cada sexenio se crea una nueva agenda e incluso la industria presenta una agenda digital nacional”, dijo Hernández.

Para ambos especialistas se está repitiendo lo mismo que sucedió al final de sexenios anteriores, como el de Felipe Calderón, cuando la titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, Mónica Aspe, presentó su agenda digital un año antes de que terminara la administración.

La misma coordinadora de la estrategia admite que el documento final del acuerdo servirá  como un marco de referencia para el equipo de transición el próximo presidente de México.   

“El compromiso es dejar una norma al día y que permita al equipo de transición tener un marco de referencia que considera a las tecnologías emergentes y que empodera la utilización de software público”, dijo. 

EN UNA VERSIÓN ANTERIOR DE ESTE ARTÍCULO se afirmaba que Mónica Aspe estuvo a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones en la administración de Felipe Calderón cuando en realidad se desempeñó como titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx