Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 61% de las compras gubernamentales de tecnologías de la información y la comunicación se realizaron a través de adjudicaciones directas federales, lo que supuso un gasto de 43,172.40 millones de pesos destinados a 11,944 procedimientos de adquisición, de acuerdo con el Estudio de Inversiones Gubernamentales en Tecnologías de la Información y de la Comunicación coordinado por la Asociación de Internet.mx.

La cifra muestra que un procedimiento que debería ser una excepción a la hora de adquirir productos de tecnología por parte de los gobiernos se ha convertido en el más habitual.

Entre enero del 2013 y marzo de 2017, cuando se comenzó a elaborar el estudio, poco más de un cuarto (26.43%) de las compras de los gobiernos se hicieron a través de licitaciones públicas, por un monto de 4,659.11 millones de pesos en 5,173 procedimientos, y en sólo 12.23% se invitó a cuando menos tres personas a participar en la venta de tecnología, por un monto de 57,106.67 millones de pesos, en 2,394 procedimientos de adquisición.

El mercado de adquisiciones gubernamentales de tecnología alcanzó un valor total de 109,497.51 millones de pesos, destinados a 19,571 procedimientos, de acuerdo con el documento que utilizó datos del sistema Compranet correspondientes a cuatro ejercicios fiscales (2013-2016) y un trimestre del 2017.

De acuerdo con León David Pérez, representante de Propulsar, que fue la encargada de hacer el estudio, los gobiernos federal, estatal y municipal refirieron que la principal razón por la que las compras de tecnología se realizaron mediante adjudicaciones directas es que las otras formas de contratación y adquisición de productos y servicios de tecnología son demasiado largos y que un rubro como la tecnología es urgente en la mayoría de los casos.

“En este caso, la ley no obedece a las necesidades de compra del gobierno”, dijo León David Pérez.

En el caso de la Administración Pública Federal (APF), las instituciones que más recursos erogaron para la adquisición o contratación de tecnología fueron el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 8,929.95 millones de pesos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 5,806.11 millones de pesos; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 4,425.86 millones de pesos y Petróleos Mexicanos (Pemex), con 3,136.32 millones de pesos.

En el caso de las Administraciones Públicas Estatales, los gobiernos de Nuevo León (419.38 millones de pesos); Aguascalientes (378.69 millones) Sonora (275.25 millones) y Sinaloa (258.48 millones) fueron quienes más gastaron en la compra de productos o servicios de TI. Y para los municipios, los mayores compradores de tecnología fueron la delegación Cuauhtémoc (743.95 millones de pesos); Ramos Arizpe, Coahuila (94.64 millones); Tijuana, Baja California (84.17 millones); y Aguascalientes, Aguascalientes (82.08 millones).

El estudio fue patrocinado por Google, Telefónica, Hewlett Packard Enterprise y HP Inc y de acuerdo con el representante de Propulsar, su realización supuso varias dificultades, sobre todo en lo que se refiere a la unificación de los términos y la opacidad de muchos de los fallos de licitación, debido a que no todos son públicos.

“Fue necesario hacer un análisis semántico de los términos con los que se designa a la tecnología en las contrataciones de los gobiernos, porque por ejemplo, hay contrataciones que denominan equipos de radiotelefonía a la compra de celulares y otras que le ponen el nombre de dispositivos de telefonía celular, por lo que fue muy difícil homologar los términos”, dijo.

Otro de los problemas que se encontraron es que las bases de datos de Compranet tardan en muchos de los casos varios años en actualizarse, por lo que datos del 2013, año de referencia del estudio, fueron consignados hasta el 2017, después de que ya se había levantado la información.

La Asociación de Internet.mx retomó la propuesta de la Canieti acerca de crear una Secretaría de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), con el fin de coordinar los esfuerzos en materia tecnológica del gobierno entre los que se incluye la homologación de términos y procedimientos para que sea más sencillo saber de qué forma está contratando el gobierno los productos y servicios en materia tecnológica.   

En enero del 2014, como parte de la ejecución de la Estrategia Digital Nacional, la política pública que marcó la agenda de digitalización del gobierno mexicano y buscó dar impulso al acceso y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre la población, la Secretaría de la Función Pública suscribió el primer contrato marco para la adquisición de licencias de software con las compañías tecnológicas Google, Microsoft, Oracle y Asesoría y Consultoría en Software, y cuya vigencia ha sido ampliada en dos ocasiones, además de que se han sumado más de 30 empresas, desde Citrix y SAP México, hasta IBM.

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