El Reino Unido está elevando el listón en el combate global contra el secreto fiscal. Londres forzará a sus territorios de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, a hacer pública la propiedad de compañías anónimas. Quienes busquen evitar la vigilancia podrán mudar sus negocios a otras partes, pero la medida debería ayudar a arrojar luz sobre otros refugios.

Una enmienda del 1 de mayo en la ley británica contra el lavado de dinero forzará a los 14 territorios de ultramar a introducir para fines de 2020 unos registros públicos de todos los propietarios de compañías. Actualmente, esa información solo puede ser requerida por la policía.

 Los defensores del cambio argumentan que unos datos más fáciles de conseguir permitirán a los periodistas y otros actores de la sociedad civil a arrojar luz sobre la corrupción, el financiamiento ilícito y la evasión impositiva, como fue el caso de los llamados "Papeles de Panamá" en el 2016.

El proyecto alineará a los pequeños territorios de ultramar con las propias reglas británicas para la publicación de la información de propiedad, que son consideradas las más transparentes del mundo. También cerrará un vericueto legal que ha dificultado la lucha de Reino Unido contra la corrupción.

Un reporte del 2016 de Transparencia Internacional mostró que el 91% de las compañías extranjeras que tienen propiedades o terrenos en Londres estaban registradas en territorios reservados. Un escándalo por el flujo descontrolado del dinero de los oligarcas rusos a través de jurisdicciones británicas ha ayudado a establecer un consenso público a favor de la medida.

La iniciativa británica, si bien es significativa, tiene un alcance limitado. No afecta a otros escondites más cerca de casa, como las Islas del Canal o la Isla de Man. Y existe una posibilidad de que algunos de los territorios de ultramar incluso puedan decidir declarar la independencia para mantener intacto su modelo de negocios.

Una preocupación es que quienes buscan el secreto simplemente se lleven sus activos a otra parte. Estados Unidos y Hong Kong están respectivamente segundo y cuarto en el Índice de Secreto Financiero 2018 elaborado por la Red de Justicia Impositiva.

Esto se debe a débiles estándares contra el lavado de dinero en Hong Kong y a una amplia disponibilidad de servicios de elusión impositiva para no residentes en estados como Delaware y Nevada. A menos que esos gigantes compartan el esfuerzo, la lucha global contra los fondos de origen dudoso o no declarados podría ser limitada. La iniciativa británica al menos les dificultará justificar la inacción.