Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, México requiere una unidad de inteligencia patrimonial y económica a nivel federal, que dé más celeridad a los procesos de recepción de información en las investigaciones de blanqueo de capitales, aseguró Iván Alemán Loza, socio del despacho Alemán & Asociados.

Durante la presentación de su libro Temáticas de Estudio: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el también exvicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indicó que la tendencia a nivel mundial es que las unidades encargadas del combate al blanqueo actúen de forma rápida, debido a la celeridad con la que actúan los delincuentes en la actualidad.

“La UIF no es suficiente, necesitamos una unidad de inteligencia patrimonial... En el mundo, hay distintos tipos de unidades de inteligencia financiera, por ejemplo, hay unas de tipo judicial, precisamente por eso, para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y un bloqueo (de cuentas) eficaz, no nos hemos planteado ese debate en México”, acotó Alemán Loza.

En el mundo, existen diversos tipos de unidades de inteligencia financiera, desde las que adoptan un esquema policial, con facultades de investigación, hasta las que tienen atribuciones judiciales, es decir, son instancias dentro de las autoridades persecutorias competentes con facultades de persecución a la par de fiscalías o ministerios públicos.

En México, la UIF funciona con el modelo administrativo, es decir es una instancia ubicada dentro de la Secretaría de Hacienda que funciona como intermediario entre el sistema financiero, los sujetos obligados en la normativa antilavado y las autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con Alemán Loza, este modelo hace que en ocasiones la UIF no tenga acceso inmediato a información que puede ser vital para una investigación de lavado de dinero, por ejemplo, para acceder a registros de propiedad inmobiliaria esta unidad tiene que celebrar convenios de colaboración con gobiernos locales, lo que hace que se pierda rapidez en procesos que rastrea dicha instancia.

“La celebración de convenios de colaboración, de verdad que eso no funciona, se necesita rapidez... para acceder a otro tipo de registros, prendarios, de vehículos, entonces, son cosas muy debatibles desde el punto de vista de control y jurídico, pero esa es la tendencia, y allá tenemos que llegar”, acotó el exfuncionario de la CNBV.

Al respecto, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidió en que el actuar de la UIF, o en su caso de alguna otra instancia encargada de las investigaciones de lavado de dinero, debe de ser eficiente y de respuesta oportuna, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los investigados.

“La respuesta eficiente y rápida es una necesidad... para que se convierta en un verdadero mecanismo que coadyuve en la cooperación internacional y al interior del país para luchar contra la corrupción y lavado de dinero, pero los derechos humanos son fundamentales, porque, por ejemplo, un pequeño abuso puede dejar sin nómina a una empresa durante 3 meses”, apuntó Laynez Potisek.

En su intervención, Ana Brun Iñárritu, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, comentó que actualmente el lavado de dinero y su combate es un problema que atañe a diversos sectores de la sociedad, cuando hace 20 años no figuraba en el debate público, por eso recalcó la importancia de contar con materiales que expliquen los métodos para su prevención y lucha.

“El tema empezó como una prioridad importante a nivel internacional, porque los ilícitos financieros representan un gran riesgo para la seguridad y la paz internacional y por lo tanto los países se pusieron a trabajar para ver qué podían hacer para detectar estas actividades y regularlas y controlarlas.  México se sumó a este gran esfuerzo multilateral”, acotó Brun Iñárritu.