El presidente de BBVA, Carlos Torres, emitió un comunicado diciendo que el banco ha aportado “información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic”, como admiten tanto la fiscalía como el juez.Añadió: “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”. Todo esto, a partir de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputara a BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo.

El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Éstos son los mismos delitos que aprecia la fiscalía. El magistrado rechaza, en línea con los fiscales, la petición del banco de personarse en la causa como perjudicado. Comisiones Obreras (CCOO), el principal sindicato del banco, acusó al expresidente de la entidad Francisco González de ser, “hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”, y pidió “resolver cualquier relación formal” con él.

La fiscalía pidió investigar si el banco contrató a Cenyt, empresa ligada a Villarejo, para espiar a diferentes personas con el objetivo de obtener información sobre la constructora Sacyr. Esta firma trató de relevar a Francisco González de la presidencia del BBVA en el 2004 y el 2005. La novena pieza del caso Villarejo se centra en los trabajos desempeñados para el BBVA por el excomisario Villarejo, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre del 2017. Villarejo trabajó bajo cuerda para el banco durante 13 años, a cambio de unos 10 millones de euros.

La contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

La fiscalía llega a estas conclusiones tras el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre del 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA.

Asimismo, el Ministerio Público destacó en su escrito que algunos de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, supuestamente percibieron dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones. En el auto por el que imputa al BBVA, el magistrado acuerda también requerir al banco para que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad ante la Audiencia Nacional y que será citada a declarar en una fecha aún por determinar.

Además de las declaraciones del presidente de BBVA, CCOO emitió un comunicado en el que instó a la dirección del banco a aprovechar la próxima presentación de resultados —que se celebrará este miércoles— para dar “las explicaciones oportunas” tras su imputación por su posible contratación de Villarejo para espiar a Sacyr. CCOO sostiene que el expresidente del BBVA, Francisco González, “es, hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”. Por este motivo, considera imprescindible “resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente, pues con independencia del grado de responsabilidad material y fáctica que pudiera tener —o que ésta solo se le pueda imputar a sus subordinados— se puede delegar la representación, pero nunca la responsabilidad”.

Obviamente, no hay penas de prisión para las empresas, pero sí pueden ser castigadas con importantes multas, porque la sociedad pudo haberse beneficiado de esas acciones ilegales. (Con información de El País)