La violencia contra mujeres y niñas en México se ha intensificado durante la pandemia, especialmente durante los meses de abril, mayo y junio, que fue el periodo de confinamiento más estricto. Pese a las restricciones a la movilidad, la paralización de actividades y la suspensión de labores presenciales, la violencia de género no cesa, y los feminicidios, agresiones de tipo verbal, física y sexual continúan en niveles altos. Adicionalmente, se estima también que la violencia dentro de los hogares está alcanzando niveles históricos y durante este lapso hubo un incremento importante en las llamadas de emergencia y solicitudes de refugio.

Estas problemáticas no cesan pese a los esfuerzos de las autoridades y las exigencias y movimientos de la sociedad civil, de acuerdo con un estudio elaborado por Equis Justicia, los avances han sido nulos o modestos debido a la falta políticas públicas congruentes con las necesidades de las mujeres y niñas del país.

Sólo en octubre se registraron 76 presuntas víctimas de feminicidio y, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde enero hasta octubre suman 777 las presuntas víctimas. Siendo junio el mes con la cifra más alta del año (94 presuntos feminicidios). Adicionalmente, hasta septiembre se han registrado 2,150 presuntos homicidios dolosos de mujeres.

El Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México son las tres entidades que presentan la mayor incidencia de feminicidios en el país en términos absolutos. Si se considera la población total estatal en relación con la incidencia las tasas más altas de feminicidios se encuentran en Colima, Morelos y Nuevo León.

Por su parte, las lesiones dolosas cometidas contra mujeres se redujeron durante el confinamiento; sin embargo, una vez iniciado el proceso de la “Nueva Normalidad” la incidencia de este delito comenzó a repuntar. Mientras en abril y mayo se registraron 4,165 y 3,937 carpetas de investigación en este rubro, para septiembre repuntaron hasta 5,115. En total, durante lo que va del 2020 al menos 43,108 mujeres han denunciado ser víctimas de algún tipo de lesión dolosa.  

Adicionalmente se han registrado hasta septiembre 163,868 presuntos delitos relacionados con violencia familiar; 2,942 carpetas relacionadas con violencia de género y 12,241 relacionadas con delitos de violencia sexual.

El SESNSP recabó también casi 200,000 llamadas de emergencia por denuncias de violencia contra la mujer; esto implica que cada día del año 740 mujeres llamaron para pedir ayuda por daños psicológicos, físicos o sexuales. Se reportaron 3,910 llamadas para denunciar abusos sexuales (14 diarias); 6,311 llamadas para denunciar acoso y hostigamiento (23 diarias); 2,785 llamadas para denunciar violación (10 diarias).

Por su parte, al interior de los hogares la violencia perpetrada por la pareja también se mantiene en niveles altos; a septiembre del 2020 se reportaron 181,225 llamadas de auxilio por agresiones de cualquier tipo ejercidas por su compañero íntimo (671 diarias). Mientras que las llamadas para denunciar agresiones perpetradas por cualquier integrante de su familia alcanzaron un nivel de 531,000, lo que implica que cada día del año se recibieron 1,966 reportes por este tipo de violencia.

Estas cifras revelen una ola creciente de delitos cometidos bajo razones de género, que además de contribuir a la estructura de desigualdades entre hombres y mujeres, no ceden. De acuerdo con el estudio Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México en el contexto de Covid-19 elaborado por la organización Equis Justicia, además de que la pandemia por la naturaleza social de la crisis ha intensificado la violencia de género, las autoridades no han implementado mecanismos eficientes y suficientes de respuesta. Sumando a esta situación, continúan los recortes presupuestarios a las acciones de género.

De acuerdo con el estudio, es fundamental revisar las tendencias de la incidencia delictiva en términos de género y transversalizar las acciones y políticas públicas para que, efectivamente, las reviertan. En un contexto donde las mujeres son desproporcionalmente más vulnerables que los hombres en todos los ámbitos, resulta necesario destinar recursos para cumplir con uno de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas en México: su derecho a una vida libre de violencia.

En estas condiciones, el Ejecutivo no sólo ha desestimado las cifras sobre violencia y desigualdad de género, sino que en conjunto el aparato público no ha desarrollado mecanismos que erradiquen estas problemáticas. El informe resalta algunas de las acciones fundamentales que entorpecen la lucha por los derechos de mujeres y niñas, especialmente en términos de violencia en las calles y en los hogares son:

  • El debilitamiento de los refugios para víctimas
  • Los recortes presupuestarios a las instituciones y fondos para la igualdad sustantiva
  • La entrega modesta de recursos a programas fundamentales para mujeres con mayor vulnerabilidad como las CAMIs (Casas de la Mujer Indígena)
  • La ausencia de perspectiva de género en la prevención del delito, atención a víctimas e impartición de justicia.

Adicionalmente a la sobrecarga de labores domésticas y la precariedad laboral que persisten en México, las mujeres también son blancos importantes de violencia agravada. La combinación de las desigualdades y la violencia deben ser prioridad en la agenda, sí de la sociedad civil —que ha jugado un papel fundamental en la visibilización de estas problemáticas— pero aún más en la agenda pública. El estudio enfatiza en el riesgo de no atenderse: además de la profundización de brechas y el retroceso en términos de bienestar, el desarrollo individual de las mujeres sería vulnerado.

El informe puntualiza la necesidad de mejorar las prácticas de medición y generación de datos para conocer la realidad del impacto de la pandemia para las mujeres y generar políticas a la medida de las necesidades: desagregar datos por género, fomentar la transparencia, publicar reportes oficiales de manera oportuna y aumentar la accesibilidad y disponibilidad de la información podrían contribuir a una mejora en la elaboración de políticas públicas.

ana.garcia@eleconomista.mx