Organizaciones de abogados, postulantes y académicos urgieron concretar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a fin de simplificar los procedimientos judiciales y lograr justicia pronta y expedita.

Durante el foro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la justicia” realizado en el Senado, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, subrayó que el debate y la orientación de la creación de este código debe centrarse en la incorporación del principio de “la justicia cotidiana”.

“El esfuerzo que se inicia el día de hoy tiene que enfocarse en buscar una reforma profunda en el acceso a la justicia de los de abajo, pero imponiendo el cambio desde arriba”, dijo.

Destacó que el enfoque en la discusión debe centrarse en cómo lograr procesos “más ejecutivos, más expeditos, más simplificados y que se rijan bajo los principios de inmediatez, poniendo énfasis en la justicia restaurativa”.

En tanto, Alfonso Guati Rojo, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, destacó que “la justicia que aspiramos no puede construirse sólo con un buen Código” o con buenos jueces, sino que los operadores del derecho se involucren en la construcción de este ordenamiento.

“No existe el perfecto Código, habrá uno que tenga ciertas estructuras, ciertos fines y objetivos, y es válido aspirar al mejor de los Códigos, pero no nos detengamos en sutilezas y en detalles que pueden alargar y retrasar uno de buena hechura”, advirtió.

El acceso a la justicia es el punto fundamental que involucra a los abogados en la creación de esta normativa, refirió Alfonso Pérez-Cuéllar, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Dijo que las normas procesales aunque deben ser revisadas, “no debemos hacer un cambio de timón de todo”, sin embargo resaltó que una de las modificaciones que deberán priorizarse es el acceso a la justicia a grupos vulnerables.

Antonio Muñozcano Eternod, Magistrado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, refirió que el Código Nacional “debe de tender a la oralidad” porque es a través de esta práctica el juez que recibe la demanda es el que prepara y desahoga las pruebas, por lo que “el justiciable necesita ser escuchado por el juez no a través de su interlocutor, que es el abogado”.

Así mismo, Alejandro Torres Estrada, de la UNAM, lamentó que no se hayan podido incorporar a los procesos judiciales las nuevas tecnologías, con lo que se podrían simplificar trámites y evitar la saturación de trabajo en los juzgados.

“Nos sigue costando trabajo identificar un software que le permita al tribunal que se automatice el trabajo, por ejemplo, el auto que admite pruebas automáticamente hace los citatorios, gira los oficios digitales a donde los tiene que girar”, explicó.