De cara a los comicios federales y estatales del 2012, en el Instituto Federal Electoral (IFE) se realizan esfuerzos por proteger las campañas del dinero ilícito y la injerencia del crimen organizado.

La dimensión de los cargos en disputa no es para menos, en comparación con el proceso del 2009 –año del primer esfuerzo de protección electoral–.

Este año se renueva la Presidencia de la República y 628 espacios en el Congreso de la Unión (500 diputados y 128 senadores), además de los comicios simultáneos en 15 estados. Son más de 9,000 cargos que se deben multiplicar por el número de aspirantes de cada partido.

El llamado blindaje electoral del 2009 aplicó sólo para los comicios federales (500 curules), toda vez que cada estado cuenta con su instituto electoral, donde se aplican sus propias normas.

EL PRIMERO

El PRI es el primer partido que ha anunciado medidas para evitar la intromisión del crimen organizado y su dinero. Las medidas incluyen la fiscalización aleatoria a los recursos de campaña, la presentación de declaración de bienes y solicitudes de información a instancias gubernamentales para constatar que sobre los candidatos no pesa averiguación previa alguna.

Y ahora el tricolor busca que todos los partidos apliquen medidas protectoras, que el Consejo General analizará en una próxima sesión.

El documento se denomina Acuerdo por el que se establecen medidas y compromisos de partidos y el propio Instituto Federal Electoral para coadyuvar a fortalecer las condiciones de seguridad pública, legalidad y transparencia, durante el resto del proceso electoral federal 2011-2012 .

El proyecto recuerda que el 6 de enero el IFE dio a conocer, con la Secretaría de Gobernación, el Convenio de Colaboración para Coordinar Acciones que Permitan Garantizar la Seguridad Pública durante el Proceso Electoral 2011-2012.

Como parte de este convenio se acordó proteger a todos los aspirantes, no sólo a los presidenciales, como dice la ley electoral.

Entre las medidas propuestas por el PRI se incluye que cada partido garantice que sus candidatos tienen una trayectoria honorable y transparente, que no tienen nexos con actividades ilícitas y que hagan pública su declaración patrimonial.

También se propone reforzar la fiscalización al gasto, vigilancia a la identidad de los aportantes, además de hacer políticas de financiamiento para disminuir el uso de efectivo.

El documento plantea la entrega al IFE de un listado de personas políticamente expuestas, que incluya los nombres de los integrantes de sus comités ejecutivos o equivalentes, de sus órganos directivos, de los responsables de finanzas, de los encargados de campañas, así como de precandidatos y candidatos.

Además, comunicar al IFE y, de ser el caso, denunciar ante las autoridades cualquier anomalía, amenaza o indicios de cualquier cosa que ponga en riesgo la legalidad y seguridad de las elecciones o de candidatos, militantes o autoridades electorales.

Para el IFE se plantea que trabaje con las instancias de gobierno que determine la Secretaría de Gobernación, para que autoridades hacendarias, financieras y de procuración de justicia garanticen el seguimiento de la información de las personas políticamente expuestas, así como de la apertura del secreto bancario, fiduciario o fiscal, según defina la Unidad de Fiscalización, para transparentar la operación de partidos, precandidatos y candidatos.

Se propone que la autoridad electoral solicite a los gobiernos federal, estatales y municipales colaboración e información para detectar zonas y situaciones de riesgo, con el fin de proteger y garantizar la integridad del proceso y de los ciudadanos.

Ayer, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, puntualizó que el documento del PRI incluye elementos adicionales al convenio con la Secretaría de Gobernación. Dijo que el proyecto fue turnado al Consejo General, que deberá analizarlo con calma, pues ayer mismo fue presentado formalmente ante el IFE, por lo que acordaron discutirlo el miércoles 25.

Cuestionado sobre a qué elementos se sumaría en particular, dijo que en principio a todos. Creo que incluso podrían los miembros del Consejo General hacer otras propuestas que ayudarían a hacer todavía más robusto el proyecto de acuerdo .

BARRERA CON GRIETAS

Si bien existen medidas legales que buscan evitar que llegue dinero ilícito o haya injerencia del crimen organizado en las campañas, la ley tiene vacíos.

Por ejemplo, los aspirantes a cargos de elección popular no tienen obligación de presentar una declaración de bienes y hacerla pública, además el Código Penal Federal no está actualizado en materia de delitos electorales y sólo un artículo hace referencia a penalizar la injerencia del crimen organizado.

A finales del 2008, el IFE comenzó a hablar de crear una barrera electoral. Apenas había iniciado el proceso del 2009 cuando se renovaría la Cámara de Diputados y se aplicaría la reforma electoral.

En materia de fiscalización, se daba origen a la Unidad de Fiscalización, una instancia del IFE que revisaría los recursos utilizados por los partidos.

Para la primera quincena del 2009, el IFE aprobó medidas para proteger los comicios: la bancarización de las transacciones realizadas en campaña; visitas aleatorias para cotejar gastos de partidos; ampliar el universo de proveedores de institutos políticos; fortalecer la colaboración con la PGR y la Fepade, así como mayor control en colectas para autofinanciamiento de partidos.

FEPADE 2012

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) proyecta una estrategia para proteger el proceso del 2012, con cuatro líneas de acción: despliegue ministerial; vinculación interinstitucional local; vinculación federal, y cultura de la denuncia y atención ciudadana.

Según la Fepade, el despliegue ministerial busca inhibir la comisión de delitos electorales, establecer una comunicación efectiva entre autoridades estatales y el gobierno federal para atender y prevenir ilícitos, además de una integración eficaz de averiguaciones previas.

La vinculación interinstitucional local intenta proteger el desarrollo de los procesos electorales con programas de trabajo. La vinculación federal busca promover la transparencia en la gestión pública para fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos electorales federales cometidos por servidores públicos.

La cultura de la denuncia tiende a fomentar el conocimiento de los delitos electorales con cursos de capacitación y mejorar la difusión de los sistemas de atención y denuncia y, en su caso, inhibir los generadores de conductas delictivas.

OPINIÓN ACADÉMICA

ELLOS SON LOS INTERESADOS

Los partidos políticos deben ser los principales interesados en que no llegue dinero sucio a los procesos electorales, afirma la investigadora del Tecnológico de Monterrey, Mireille¬ Roccatti.

La académica reconoce la dificultad de proteger las campañas electorales, pero apunta la conveniencia de evitar la entrada de dinero ilícito o la injerencia del crimen organizado, así como la trascendencia de confiar en la denuncia ciudadana para investigar.

Roccatti coincide en el factor de que cada estado tenga su instituto electoral que fiscalice los recursos de sus respectivos procesos comiciales, aunado a la manera dispersa en que se pueden recibir apoyos económicos.

No tenemos la transparencia absoluta para el manejo de los recursos y sobre todo el origen de los recursos , ataja.

La investigadora del Tec puntualiza que los partidos políticos deben tener mayor interés en cuidar a los candidatos que seleccionarán, tras recordar los casos en que, ya cercana la votación, se sabe que deben enfrentar averiguaciones previas.

Les encuentran situaciones ilícitas (a los aspirantes) y que, finalmente, viene en deterioro de la imagen del propio partido, ya no del candidato, el candidato se las arregla como pueda, pero viene a traer un deterioro en la imagen del partido y, por ende, viene a impactar a los demás candidatos .

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