Especialistas consideraron que se deben implementar algunas medidas al interior del Poder Judicial, como mayor transparencia en las sentencias que se emiten, incluso crear un observatorio ciudadano para analizar dichas resoluciones.

En entrevista, el exintegrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), César Jáuregui Robles, propuso generar mecanismos ciudadanos de vigilancia sobre las sentencias de los jueces.

“Sería —me atrevo a decirlo— prudente establecer un observatorio ciudadano de sentencias jurisdiccionales”, planteó Jáuregui.

En este contexto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República propuso en noviembre del año pasado una modificación al artículo 100 de la Constitución, con lo que al CJF se le ampliarían sus capacidades y se le dotaría, incluso, de funciones de fiscalización sobre los ministros de la Suprema Corte.

Dicha iniciativa aún se encuentra pendiente de dictaminar en las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta.

“Yo veo complicado este proyecto de reformas, porque de alguna manera establece controles para una ampliación del Consejo de la Judicatura (que es la Corte), que a su vez tendría unas funciones muy amplias (...) con esta propuesta, se presentaría desde el Consejo de la Judicatura (en vez) del máximo tribunal, lo cual habla de un giro difícil de entender sobre todo cuando la Corte ha tenido mucho celo de la actuación del Consejo (de la Judicatura)”, advirtió César Jáuregui.

Por su parte, el investigador Julio Ríos Figueroa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró necesario que se dote de mayor transparencia las sentencias que se emiten en el Poder Judicial.

“Me parece muy importante que sí efectivamente, que las hagan públicas, y han demostrado estas organizaciones (civiles) que en particular los poderes judiciales de los estados son muy opacos, no sabemos nada, no sabemos cuáles son las sentencias. El Poder Judicial (a nivel federal) está mejor y hay otros estados que están mejor también”, mencionó en entrevista.

Acciones tras informe sobre nepotismo en el PJ

El investigador Ríos Figueroa, quien junto a la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentaron el año pasado el informe “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, en el cual se documentó una gran cantidad de relaciones familiares entre diversos actores del PJ, aseguró que se han tomado medidas tras la publicación del documento de su autoría.

“El caso de nepotismo en el Poder Judicial ha estado moviendo jueces, cambiándolos de adscripción a algunos. Por ejemplo, en el circuito de Jalisco en donde había personas que tenían muchos familiares, sí han estado haciendo cosas poco a poco y no lo han publicitado tanto como creo yo que deberían haberlo hecho”.

El investigador manifestó que los cambios de adscripción de los jueces se han enfocado en aquellos que tienen mayor tiempo dentro del Poder Judicial y que han sido identificados con redes familiares.

“Eso ha estado bien, porque una cosa es que haya familiares en el Poder Judicial y otra cosa es que esos vínculos familiares se usen de manera inapropiada.

“Entonces, si sólo hay familiares ahí, yo creo que cambiar de adscripción a las personas es un primer paso que está bien, y en los casos en los que se ha comprobado que la persona ha estado metida en cuestiones más delicadas, incluso se ha corrido (de la institución)”.

Casos de irregularidades que han sido detectados

A principios de año, el Consejo de la Judicatura Federal informó sobre la destitución de dos magistrados vinculados con presuntos actos de cohecho.

De acuerdo con un comunicado, emitido el 13 de febrero del 2019, el CJF informó que el pleno del órgano colegiado determinó destituir a dos magistrados de circuito en el estado de Campeche por “faltar a su declaración patrimonial y desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales. Además de la destitución, a ambos magistrados les fueron impuestas sanciones económicas”.

De manera más reciente, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó un recurso ante la Fiscalía General de la República por el caso de las transferencias detectadas al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Tomás Medina Mora.

Ésta fue la razón, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que Medina Mora presentara su renuncia a la SCJN.

La actual administración ha cuestionado el actuar de los jueces en casos, por ejemplo, el de Ayotzinapa, ante la liberación de señalados por la desaparición de los 43 normalistas.

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