La resolución del caso de las mujeres otomíes Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco fue inédita.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, explicó que sólo en dos ocasiones la Primera Sala de este máximo órgano de justicia conoció, de forma extraordinaria, de un recurso de apelación en contra de una decisión de un Juez de Distrito. Se trató de los hechos de 1968, en Tlatelolco, y del Jueves de Corpus en 1971.

Cordero explicó que a diferencia de aquellos hechos, la decisión tomada en la Suprema Corte tuvo dos consecuencias; la primera, la puesta en libertad de las mujeres inculpadas por las autoridades y, la segunda, que se trató de un mensaje de que estas prácticas no deberían seguir ocurriendo en nuestro país y cuando ocurra debe de haber jueces para remediarlas .

Ayer, en el acto protocolario celebrado en el Museo de Antropología, Jacinta Francisco demandó: ¡Qué ya no vuelva a suceder lo que nos ocurrió a nosotras! .

Ahí estaba el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien ofreció disculpas a las tres indígenas por su detención ilegal en el 2006.

En el lugar, donde se entonó el himno nacional en Hñähñu por niños de esa etnia de Querétaro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) ratificó públicamente la inocencia y ofreció en términos constitucionales reparar el daño causado indebidamente .

La ceremonia inició a las 13:20 horas y concluyó casi dos horas y media después, en las que participaron las tres afectadas, y que fueron acusadas del delito de secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, los cuales realizaban un operativo contra la piratería’’, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, y que desencadenó la aprehensión de las tres y su pesadilla’’ como ellas explicaron.

Alberta fue enfática, miró al pleno en donde se encontraba la ministra Sánchez, el procurador, sus compañeras indígenas, y Luis Tapia, jurista del proceso, y dijo: señor procurador, espero no sea la última ni la primera disculpa pública, hay muchas víctimas como nosotras, espero que sus colaboradores trabajen bien, y con la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido, gracias .

El procurador Cervantes reconoció que el tiempo no se podrá regresar y prosiguió: (Esto es un) acto de justicia y humanidad insoslayable... ustedes tuvieron la razón. La Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral. Por lo tanto, resulta un deber ineludible en términos constitucionales y de las sentencias emitidas con motivo de la negativa de indemnización solicitada, cuyo cumplimiento nos reúne en este momento, reparar el daño moral... sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa en español y en hñähñú, como medio de reparación del daño .

Ésta fue la primer disculpa e intervención del procurador; al término, se dio paso a la declaración de Jacinta, que tomó su tiempo para explicar su relato en otomí y después en español.

Cuando recordó su primera noche en prisión, en la que durmió sobre una piedra, el sentimiento la tomó. Había mucho frío, lloré en ese momento y dije, pues, yo qué hice para estar en este lugar... y pensé: siempre se habla del infierno, yo creo que el infierno es ahorita, donde estoy en este momento .

Poco después el procurador tomó nuevamente la palabra. En plena observancia a su demanda, sirva esta acto para ofrecerle, Jacinta Francisco Marcial, una disculpa pública por haber sido sujeta a un proceso penal por delitos que no se acreditaron, tal y como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa .

En su intervención, Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta enfatizó que la PGR no se disculpó públicamente por voluntad, sino porque la obligaron, demandó la libertad de presos políticos y añadió que ser pobre, ser mujer o indígena no es motivo de vergüenza. Autoridades, gobernantes corruptos y vendidos, si no pueden, renuncien; si no tiene dignidad que sea por vergüenza o háganlo por sus hijos’’.

Por su parte, Mario Patrón Sánchez, representante legal de las víctimas y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez’’, sostuvo que es un hecho relevante porque la reparación del daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos sólo venía por resoluciones internacionales o recomendaciones de organismos públicos, pero nunca antes de los tribunales mexicanos. (Con información de Héctor Molina y Rubén Torres)