Autoridades federales y estatales admitieron tener diferencias por la competencia de cada una en las acciones de búsqueda e investigación para conocer el paradero de más de 73,000 personas desaparecidas en nuestro país.

Durante la “Mesa de análisis: punto por punto investigación criminal: un plan para que 70,000 vuelvan a casa”, organizada por México Evalúa, el fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) una mayor coordinación.

“Es muy necesaria la coordinación (...) muy concreto con la FGR y la Fiscalía especializada, porque hay una dualidad de investigaciones; no es posible que nosotros estemos investigando y a su vez ellos estén investigando el mismo delito relacionado con la misma víctima. Es necesario que se formen grupos de trabajo conjuntos, de otra forma esto no va a ir avanzando”, advirtió.

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, admitió la falta de coordinación con las autoridades estatales por la competencia de a quién le corresponde la búsqueda y a quién la investigación de los casos.

“Sí es una complejidad en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas y estos eventos tendrían que hacernos repensar cómo queremos, como Estado mexicano, como sociedad, como autoridades, responder a una grave crisis de desaparición; no son casos aislados, es necesario hacer análisis de contexto. Hay investigaciones que se llevan a cabo en la vía federal, en la local (...) Sin embargo, esta materia  de competencias sí genera una complejidad a la búsqueda e investigación en México”, admitió.

Dijo que para la Comisión Nacional de Búsqueda, hay “resistencias” de las Fiscalías estatales, porque algunas consideran a la Federación como su auxiliar. “No somos auxiliares de las Fiscalías, somos órganos e instituciones iguales”.

Grace Fernández, del colectivo Búscame, resaltó que además de esa situación, prevalecen las diferencias de competencias entre las Fiscalías locales y las Comisiones Estatales de Búsqueda. Mencionó que a las víctimas les hacen esperar más de 72 horas, además de que se les pide que esperen a que sus familiares regresen por sí mismos. Relató que los familiares también son considerados por las autoridades como un estorbo, por presionar el avancen de las indagatorias. 

“Las autoridades nos obligan a salir a la calle a buscar porque somos los primeros interesados, y nos dejan a expensas de los grupos criminales. Hay personas que han hecho investigaciones y hasta exhumaciones de cuerpos en fosas clandestinas”, resaltó.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, mencionó que pese a la crisis de desapariciones “el Estado mexicano sigue sin aceptar la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo que implica que las familias no puedan acudir a instancias internacionales a pedir auxilio”.