Con la muerte de tres civiles en un fuego cruzado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, las fuerzas militares en México vuelven a estar en el ojo del huracán. Ello, de cara a la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual permanece sin aplicarse, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva las impugnaciones interpuestas en contra de este marco legal.

El fin de semana, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer los peritajes realizados en torno al enfrentamiento entre marinos y delincuentes del pasado 24 y 25 de marzo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde murieron tres integrantes de una familia.

Las pesquisas señalan que los civiles fueron alcanzados por las balas disparadas desde el helicóptero que emplearon las fuerzas navales contra el grupo delictivo.

En un mensaje a medios, el titular de Servicios Periciales de la PGR, Anselmo Apodaca, detalló que un auto en el que viajaba una familia (madre, padre, tres hijas y una sobrina) quedó en la línea de tiro entre un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México y camionetas de la célula delictiva. El incidente tuvo como saldo la muerte de la madre y sus dos hijas; asimismo, resultaron heridos el padre y su sobrina.

Organizaciones internacionales, como La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, refieren que “la seguridad militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia de México”.

En el informe “Justicia olvidada”, esta organización analizó delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, aquellos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil y los que permanecen sin castigo.

De las investigaciones de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados, con base en cifras oficiales, del 2012 al 2016, existía un registro de 17 homicidios.

Por su parte, en el informe “México 2017/ 2018”, Amnistía Internacional reportó que, por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Este organismo internacional hizo referencia del caso Tlatlaya, donde 22 personas murieron durante un operativo con la participación de soldados en el 2014; Apatzingán, Michoacán, donde agentes de la policía federal y de otras fuerzas de seguridad fueron acusados por la muerte de al menos 16 personas en el 2015 y de Tanhuato, Michoacán, donde un operativo de seguridad en el 2015 dejó 43 personas fallecidas.

Asimismo, hizo referencia del incidente registrado en localidad de Palmarito Tochapan, cuando el ejército llevó a cabo operativos de seguridad y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados. Días después se publicaron imágenes de video de cámaras de seguridad en donde se mostraba a una persona con uniforme militar disparando a un hombre que permanecía en el suelo.