La Procuraduría General de la República (PGR) se sumó a las investigaciones por la masacre de 44 internos supuestamente del Cártel del Golfo, la fuga de 30 reos pertenecientes a Los Zetas y la colusión de servidores públicos, aseguró ayer la abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez.

Al término de la ceremonia en la que tomó posesión Alejandro Puente Córdoba como nuevo Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR por un periodo de dos años, la Procuradora anunció que se está abriendo la averiguación previa correspondiente por los hechos ocurridos desde el pasado domingo hasta el miércoles.

La titular del agente del Ministerio de la Federación comentó que se inició una averiguación previa y estamos haciendo diversas diligencias tomando declaraciones y también, por supuesto, dictámenes periciales en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJENL).

Morales Ibáñez expresó que dentro de los hechos investigados se pueden considerar delitos de carácter federal, ya que también 25 de los 30 reos en fuga enfrentaban procesos penales de carácter federal. Agregó: Estamos haciendo dictámenes de ADN de todas las personas que perdieron la vida durante el enfrentamiento del domingo .

La Procuradora precisó que los delitos que se pueden encuadrar en la indagatoria federal son violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como algunos ilícitos que precisamente se están cotejando y que pudieran estar ahí, ésa es la responsabilidad de investigar cada uno .

Por último, puntualizó que la averiguación previa se encuentra asentada en la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Nuevo León.

Durante la ceremonia, Puente Córdoba manifestó que entre los retos de este Consejo se encuentra impulsar las mejores prácticas de participación ciudadana en materia de procuración de justicia.

Agregó que en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es necesario proteger los derechos de los ciudadanos contra actos de autoridad y trabajar para informar a la sociedad sobre derechos y obligaciones que le corresponden, pero de igual forma señalar cualquier desviación en esa materia.

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