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Llaman a depurar las cifras de desaparecidos
La diputada del PRD, Yesenia Nolasco Ramírez, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que las autoridades locales y federales comiencen la depuración de datos sobre personas desaparecidas.
La diputada del PRD, Yesenia Nolasco Ramírez, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que las autoridades locales y federales comiencen la depuración de datos sobre personas desaparecidas.
Propuso que los gobiernos de los estados y el Gobierno del Distrito Federal depuren la lista y otorguen cifras reales y fidedignas a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las personas desaparecidas hasta el 2015.
La perredista también propuso que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República establezcan una mesa de conformación y recepción de datos específicos y fidedignos sobre desapariciones forzadas en territorio nacional que emitan los gobiernos locales. La lista tendrá que ser pública.
El dictamen que fue turnado a la primera comisión de la Comisión Permanente argumenta que la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa dejó un registro con 27,000 personas desaparecidas.
Mientras tanto, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se depuró el registro y se mantuvo una lista con 13,000 personas desaparecidas.
La perredista mostró su preocupación por que México no cuenta con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad.
Advierte que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas define la desaparición forzada de personas como aquella en la que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley .
