La Fundación para la Justicia denunció que entre 2015 y 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) espió e invadió la privacidad de familiares de víctimas que fueron localizadas en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011; así como a una experta independiente y a una periodista que indagaron dicho suceso.

La fundación acusó que la entonces PGR (ahora Fiscalía General de la República) echó a andar la maquinaria, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas, ni para investigar las graves violaciones cometidas en ese caso, sino para “perseguir” a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y defensora de las familias de las víctimas; Marcela Turati, periodista que se ha dedicado a investigar sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas en México, cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto de investigación #Másde72; y Mercedes Doretti, cofundadora y directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.

Explicó que a través de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (actualmente Femdo), la Procuraduría argumentó que se estaba ante una investigación de “secuestro y delincuencia organizada” y sin contar con autorización judicial, como lo exige la ley, solicitó de forma “extra urgente” información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016), para acceder a todos los registros telefónicos,  mensajes y su geolocalización. También solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información y documentación personal de Ana Lorena Delgadillo y Marcela Turati.

"Es claramente una violación a la libertad de prensa, al derecho a la representación legal y al derecho a una investigación forense independiente", acusó Doretti.

La Fundación para la Justicia precisó que se enteró de esta situación debido a que el pasado 11 de mayo obtuvo copias del expediente para las víctimas de la masacre de San Fernando, a raíz de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuestionó que, a 10 años de ocurrida la masacre en las 48 fosas de San Fernando, no se cuenta con una sola persona sentenciada; se han cremado los cuerpos; se les han enviado a la fosa común a pesar de ser identificables, o se han entregado a los familiares cuerpos equivocados. “En cambio, el aparato y la maquinaria de la Fiscalía se utilizó para entablar una persecución y criminalizar a quienes exigían verdad y justicia”.

La Fundación dijo que a pesar de que los hechos sucedieron en la anterior administración, demanda al actual gobierno garantías de justicia y protección para las víctimas; que se resguarde y asegure la información personal de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, que obra en la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/197/2011; que cese toda investigación adicional contra las víctimas y contra ellas; que se investiguen los delitos cometidos por el personal a cargo de la indagatoria, y que se retomen las investigaciones de la masacre de San Fernando. Para Marcela Turati, espiada también por autoridades mexicanas mediante el software Pegasus, las investigaciones de las fosas la llevaron a concluir que "hay una delincuencia organizada dentro del gobierno", donde existe "un entramado de instituciones que operan la impunidad".

"Esto ya no es sólo Pegasus, es todo el aparato (oficial) para tratar de acosar judicialmente, para tratar de censurar", añadió.

Turati y otros 24 periodistas radicados en México aparecieron en una lista de 15,000 números registrados en el software malicioso adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) a la empresa israelí NSO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el programa dejó de ser usado durante su gobierno, que comenzó en diciembre de 2018.

Hasta el momento no hay condenados por la masacre de San Fernando, donde en 2010 fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos y suramericanos.

México vive una ola de violencia desde 2006, cuando se militarizó la lucha contra el narcotráfico, con saldo de unos 300,000 asesinatos y más de 94,000 desparecidos, atribuidos principalmente a los cárteles de la droga y otras bandas del crimen organizado.

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