La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo señala como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México, a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales, entre otras.

La investigación se ha podido conocer, a pesar de que la Fiscalía General de la República lleva más de 24 horas en sigilo, sin confirmar la existencia de una orden de aprehensión contra el mandatario tamaulipeco.

Como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves en su conferencia matutina, la carpeta de investigación de la FGR contra García Cabeza de Vaca se basa en los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En esos expedientes se señala la vinculación de Francisco Javier Cabeza de Vaca con múltiples empresas en las que también son socios, o guardan alguna relación, sus hermanos Ismael y José Manuel; su primo José Ramón; su esposa, Marian Gómez Leal; su mamá, María del Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; y su cuñado José Ramón Gómez Reséndez, entre otros.

Por lo menos serían 12 personas involucradas en la red, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien también destacó la presunta relación con ellos de 25 empresas, entre ellas Perforaciones y Remodelaciones Entransito S.A. De C.V.; Horizonte Vertical S.A. de C.V.; Desarrolladora Cava S.A. de C.V.; Flunky S.A. de C.V.; Desarrolladora y Constructora CDEV S.A. de C.V.; Buffet Jurídico Goat and Smith, entre otras.

El expediente de la FGR asegura tener información sobre movimientos financieros de estas personas y empresas entre 2014 y 2020 por más de 100 millones de pesos, mismos que provendrían -según su indagatoria- de recursos gubernamentales e incluso de personas vinculadas a grupos delictivos. Por estas acciones, la Fiscalía pretende imputar al mandatario estatal los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En su primer intento -en febrero- por detener a García Cabeza de Vaca, la FGR acusó al mandatario de defraudación fiscal equiparada, porque en 2019 recibió 49 millones de pesos por la venta de un departamento en Santa Fe, a pesar de que el valor comercial del mismo es menor. Para la autoridad, este monto de recursos no fue claro, por lo que intuyó origen ilícito.

Por lo pronto, prevalece una controversia entre el Congreso de Tamaulipas con el gobierno federal, debido a que a juicio de la primera instancia el gobernador no ha sido separado de su cargo, y mantiene la protección constitucional que le brindan las Constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, que ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales.

Sin embargo, el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostienen que García Cabeza de Vaca perdió el fuero a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desechar una acción de inconstitucionalidad que interpuso el Congreso estatal, en contra el desafuero que aprobó la Cámara de Diputados del Congreso federal.

Sin aparición pública

Debido al sigilo de las autoridades sobre la supuesta orden de aprehensión girada por el juez federal Iván Aarón Zeferín del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tuvo actividades públicas este jueves.

Según el panista Javier Lozano, el mandatario no ha salido del país y se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Incluso, el militante de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien fue el primero en presentar una denuncia penal contra el gobernador panista, dijo saber que el gobernador se encuentra en un rancho del estado. Mientras tanto, prevalece una ficha de alerta migratoria para García, emitida por el Instituto Nacional de Migración.

Congreso local denunciará a funcionarios de la FGR y juez

El Congreso de Tamaulipas acordó presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los servidores públicos de esa dependencia que promovieron una orden de aprehensión, y al juez que presuntamente la concedió, contra el gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante la sesión de pleno del Congreso estatal, el diputado Félix Fernando García Aguiar presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al cual se le dispensó el turno a comisiones, y fue presentado directamente al pleno para su discusión.

Sin haber oradores, la presidencia en turno del Congreso solicitó la votación: 24 diputados aprobaron el punto de acuerdo y ocho se manifestaron en contra.  

“Se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación correspondientes y/o los procesos pendientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas”, estableció el primer resolutivo.

“Se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes haya participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del estado del estado de Tamaulipas”, indicó un segundo resolutivo.

Contrató Gobernador despachos en EU

La fundación para la seguridad internacional InSight Crime dijo este miércoles que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contrató despachos en Estados Unidos para “mitigar” los efectos del expediente que supuestamente compartieron autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República. 

“Cabeza de Vaca, sin embargo, se ha puesto a la defensiva por la avalancha de acusaciones de delitos financieros y vínculos con dineros ilícitos del crimen organizado. A mediados de abril, contrató una firma de abogados estadounidenses para mitigar los efectos de la información financiera confidencial presuntamente filtrada por funcionarios mexicanos, según información hecha pública por el Departamento estadounidense del Tesoro en el marco de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Su abogado también escribió una carta al director de la Red estadounidense de Control de Delitos Financieros (FinCEN) instándolo a investigar lo que parecen ser continuas filtraciones contra mi cliente”, dijo la fundación.

InSight Crime aseveró que la carrera pública del gobernador García Cabeza de Vaca ha estado rodeada de controversia, especialmente ahora en este cargo.

“Antes de ser elegido gobernador del estado, Cabeza de Vaca fue acusado de tener nexos con el Cartel del Golfo y de usar ganancias ilícitas de ese grupo para financiar su campaña a la alcaldía de Reynosa, en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante su alcaldía entre 2005 y 2007, presuntamente otorgó una autorización especial al capo del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, para realizar un evento público por el Día del Niño en 2006. El exjefe del Cártel del Golfo se encuentra purgando una sentencia de prisión de 25 años por dirigir un vasto imperio narcotraficante que importó miles de kilos de cocaína y marihuana a Estados Unidos", mencionó el reporte.

Añadió que funcionarios mexicanos y estadounidenses han seguido la presunta actividad criminal de Cabeza de Vaca durante su gestión en la gobernación.

“En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), dependiente de la Fiscalía General de México, abrió una investigación por lavado de dinero. Presuntamente la subprocuraduría obtuvo varias escuchas telefónicas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que pueden vincular a Cabeza de Vaca con ganancias ilícitas de grupos del crimen organizado”, dijo.

La fundación InSight Crime recordó que la Fiscalía General de la República anunció el 10 de mayo que el Departamento de Justicia estadounidense había compartido su expediente sobre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y la investigación ofrece información sobre presuntas transferencias ilegales de dinero y otras irregularidades financieras por parte del mandatario y algunos familiares.

Francisco García Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de Diputados el 30 de abril para que la FGR lo pudiera investigar por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Sin embargo, un día después el Congreso de Tamaulipas rechazó la acción. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el caso.

InSight Crime expuso que “Cabeza de Vaca es sospechoso de tener vínculos con grupos del crimen organizado y de lavado de dineros ilícitos durante su periodo en la gobernación, según la Fiscalía General. Los fiscales alegan que el Gobernador amasó una fortuna de varios millones de dólares que no parece provenir de sus ingresos como funcionario público”.

Indicó que esto incluye un buen número de bienes ocultos, entre ellos 30 propiedades en Texas y Tamaulipas, valuadas en unos 951 millones de pesos mexicanos, las cuales fueron adquiridas por empresas vinculadas a su familia.

La FGR sostiene que entre 2016 y 2019 el funcionario operó una red en su estado, mediante la cual otorgó contratos públicos a firmas que beneficiaban a varios parientes suyos.

Cabeza de Vaca ha rechazado las acusaciones, y calificado el retiro de su inmunidad como una “patraña” y como “linchamiento político y criminal orquestado por el gobierno”, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a esperar la resolución de la Suprema Corte este caso.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg