La Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Durante la sesión de jurado de procedencia realizada este viernes 30 de abril, a la que no acudió el gobernador de Tamaulipas, el líder de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks acusó que el desafuero de Cabeza de Vaca proviene de una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En este caso es triste, el presidente de la República, con el virus del odio y la soberbia, ha comandado una ofensiva ilegal, primero vulnerando el debido proceso.

“Y, segundo, una burda intención de impactar en la contienda electoral que ya está en marcha. Lejos de ceñirse a principios que rigen a este tipo de procesos, en que se debe privilegiar la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto al marco convencional y constitucional de derechos fundamentales, en este caso lo que hemos visto son exabruptos, insinuaciones extraprocesales, un manejo mentiroso y parcial de las instituciones de investigación para el esclarecimiento de posibles hechos o inventos. En suma, un abanico de conductas que constituye un evidente abuso de poder”, indicó.

Por su parte, el diputado de Morena Sergio Carlos Gutiérrez Luna, aseveró que el gobernador de extracción panista tiene vínculos directos con los delitos de los que la Fiscalía General de la República lo señala.

“Ha quedado evidenciado a lo largo de este procedimiento que este tipo de personas, como el gobernador, solo han tenido el objetivo de hacer cuantiosos negocios contrarios a la ley o, incluso, al amparo de aquellas creadas exprofeso para permitir el saqueo. Hoy está acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, y se dice que se ha enriquecido con más de 950 millones de pesos en tan solo cuatro años. Eso es inadmisible, no lo vamos a tolerar y por eso hoy esta Cámara de Diputados le va a retirar el fuero”, sostuvo.

A su vez, la diputada del PRI Claudia Pastor Badilla, quien se posicionó en contra, dijo que no había urgencia para desaforar a Cabeza de Vaca ya que los delitos de los que se le acusa pierden vigencia aún después de que concluya su mandato como gobernador.

“En el caso del gobernador de Tamaulipas, fue electo por las y los electores de esa entidad, con un 50.15% de la votación recibida, según los datos de la autoridad autónoma de esa entidad.

“Su cargo concluye el 30 de septiembre de 2022. Es decir, le resta un año y medio de gestión al frente de su estado. Los delitos por los que se le acusa, defraudación fiscal equiparada, prescriben en todo caso en 2029, 2049, respectivamente. Es decir, al menos cuatro años después de dejar su cargo. No hay justificación para la urgencia”, dijo.

Y añadió: “Creo firmemente que no se genera ningún daño irreparable en los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales, si el Ministerio Público de la Federación procede penalmente cuando cuente con mejores pruebas que las presentadas ante esta Cámara”.

Finalmente, el desafuero de Cabeza de Vaca fue avalado por el pleno con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

 

¿Qué sigue en el proceso en contra del gobernador?

En conferencia de prensa, posterior a la votación del desafuero, Pablo Gómez, de Morena, presidente de la Sección Instructora indicó que la Cámara Baja tomó la decisión de quitarle la inmunidad procesal en materia federal al gobernador.

“Las resoluciones del jurado de procedencia (la Cámara Baja) dice la Constitución (...) son inatacables, no hay una instancia de revisión, no hay instancia de reconsideración, no existe una instancia, ni siquiera la Corte, son absolutamente inatacables por disposición constitucional de aplicación directa, no de interpretación de la Constitución”, dijo.

Agregó que en lo siguiente las acciones que tome la Fiscalía General de la República son bajo su jurisdicción y ya la Cámara de Diputados no tendrá participación alguna en ellas.

A su vez, el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, reiteró que tras el desafuero la Cámara de Diputados ya no tiene participación en el caso.

En un comunicado, el grupo parlamentario del PAN afirmó que tras la resolución lo que sigue es que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, notifique al Congreso de Tamaulipas.

“A su vez, el Congreso del Estado de Tamaulipas deberá validar o no el retiro de la inmunidad procesal al gobernador para que el Ministerio Público Federal pueda ejercitar la acción penal ante el juez de control correspondiente”.

“De acuerdo a lo indicado por la Constitución General de la República y la ley local, el Congreso del estado de Tamaulipas deberá llevar a cabo una Sesión General en la que una Comisión Especial verificará la validez del procedimiento, aprobado en San Lázaro”, indicó el PAN en San Lázaro.

Respuesta de Cabeza de Vaca

En un mensaje emitido en redes sociales, el gobernador de Tamualipas comentó que su desafuero es un linchamiento político desde el gobierno federal.

“Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en el que alcé la voz (...) el odio al adversario, al diferente se ha convertido en política pública de este gobierno federal”, afirmó.

Tras hacer referencia a casos como la presunta pederastia del diputado de Morena Saúl Huerta, así como el caso del hermano del presidente López Obrador, Pío López, quien se le grabó recibiendo dinero en efectivo presuntamente para las campañas de Morena, el gobernador indicó que en realidad de lo que se le persigue, según él, es por no pagar impuestos.

“La mayoría del partido en el gobierno, Morena, me quiere desaforar y remover del cargo por supuestamente los impuestos de la compraventa de un departamento, así como lo escucha, eso es todo, por absurdo que parezca.

“A lo largo de este procedimiento, en mi defensa he demostrado que esa operación fue lícita, que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados, que mi patrimonio es producto del esfuerzo familiar y personal de toda mi vida”, dijo.

Cabeza de Vaca afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera “inventa delito” y "fabrica culpables”.

Por último sostuvo que la última decisión sobre retirarle el fuero será del Congreso local.

“Por la sencilla razón de que el poder local emana de la soberanía popular de los estados que integran la Federación”, dijo y concluyó: “no soy optimista en que imperara la idea de la justicia en mis persecutores, estoy acostumbrado a luchar, así forjamos el carácter en Tamaulipas”.

¿Qué dice la Constitución?

Los artículos de la Constitución que versan sobre el desafuero de servidores públicos son el 110 y el 111.

En el 110 se precisa que podrán ser sometidos a juicio político desde legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta consejeros electorales así como gobernadores del país.

El Artículo 111 indica cómo es el proceso en contra de los funcionarios antes descritos por cuestiones penales.

“Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley (...) Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Y añade: “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto”.

En dicho artículo también se indica que las declaraciones y resoluciones tanto de la Cámara de Diputados y el Senado “son inatacables”.

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