El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, conservará su fuero y no podrá ser detenido, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que el Congreso de Tamaulipas había promovido por su desafuero. Sin embargo, la decisión de la SCJN no prejuzgó la responsabilidad del funcionario, quien podría ser investigado y eventualmente detenido cuando concluya su mandato en el 2022, explicaron expertos.

El viernes pasado, la Suprema Corte publicó en estrados la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de desechar el recurso legal, tras considerarlo improcedente. “Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas”, se indicó en la lista de acuerdos.

Francisco Burgoa, profesor de Constitucionalidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que la resolución de la SCJN convalidó que la Cámara de Diputados tiene un efecto declarativo en el juicio de procedencia, pero son los Congresos estatales los que resuelven si desafueran a un gobernador.  

“Lo que hicieron tanto Cámara de Diputados como el Congreso de Tamaulipas fue en el ejercicio de sus facultades constitucionales. El efecto del acto de los diputados federales es sólo declarativo y el de los diputados locales, es constitutivo”, indicó.

Alonso Aguilar Zinser, abogado de García Cabeza de Vaca, expuso que la determinación de la Corte reconoce la facultad del Congreso local de mantener el fuero de Cabeza de Vaca, quien deberá concluir su mandato en 2022, y a partir de ese momento quedará sujeto a que cualquier autoridad pueda proceder en su contra en caso de existir elementos probatorios.

El abogado, académico constitucionalista y exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, dijo que “la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, es sabia, prudente, constitucional y apacigua la tormenta política en el país y abona a crear un clima político de respeto”.

Juan Martín Reyes, abogado constitucional en el CIDE, mencionó que la decisión del ministro es “porque no hay afectación a las atribuciones del Legislativo local. El Congreso de Tamaulipas no homologó la declaratoria de procedencia” y, por lo tanto el gobernador aún tiene fuero.

A través de su cuenta de Twitter, la organización denominada Consejo Nacional de Litigio Estratégico consideró que “ningún proceso de desafuero puede llevarse a cabo fuera de la ley. Las venganzas políticas no pueden instrumentalizar al ordenamiento constitucional. Rechazamos el uso faccioso de la Constitución para ganar lo que las urnas no dan”.

El pasado viernes, antes de conocerse la determinación del ministro González Alcántara, el gobernador García Cabeza de Vaca reapareció en el Palacio de Gobierno de la entidad luego de ausentarse unos días, y anunció una  gira por Estados Unidos para atraer inversiones.

En Twitter posteó: “La SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al Congreso de Tamaulipas. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”.

jorge.monroy@eleconomista.mx