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Invalidan ley antituitera, va contra derechos
La ley antituiteros de Veracruz, aprobada el 20 de septiembre del 2011 por el Congreso estatal, quedó invalidada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La ley antituiteros de Veracruz, aprobada el 20 de septiembre del 2011 por el Congreso estatal, quedó invalidada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 29/2011, a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, durante la sesión de pleno, 10 de los 11 ministros votaron en favor de la inconstitucionalidad e invalidez del artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, por considerar que su redacción era vaga y daba pie a la violación de derechos humanos.
La SCJN explicó que el decreto manifestaba: A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a 1,000 días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden .
Al respecto, la resolución de la SCJN consideró que la medida legislativa era desproporcionada y contravenía a la libertad de expresión, derecho a la información, legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal.
En la resolución, se estableció que sus efectos serían retroactivos al 20 de septiembre del 2011, fecha en la cual entró en vigor. Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Presidente de la CNDH en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Veracruz.
En agosto del 2011, Gilberto Vera y María de Jesús Bravo Pagola, advirtieron a través de Twitter que ocurrirían una serie de actos delictivos por grupos del crimen organizado en escuelas y bancos, por lo que recomendaron no llevar a sus hijos o acudir a instituciones bancarias, lo que provocó caos en la entidad.
Ante esto, el gobierno promovió un cambio en dicha legislación, aunque dicha ley fue aprobada, nunca se aplicó.