A raíz del acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que estipula que los proyectos y obras del gobierno de México deberán ser considerados de interés público y seguridad nacional, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que presentará una controversia constitucional, mientras que partidos de oposición que integran Va por México (PAN, PRD y PRI) indicaron que prevén presentar una acción de inconstitucionalidad.

El INAI detalló que luego de analizar los alcances del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes pasado, y tras realizar una reunión de trabajo, determinó ejercer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Ello al advertir una posible transgresión al Artículo 6 de la Constitución, ya que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de Acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, señaló el organismo.

El INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de ayer para presentar ante la SCJN la controversia constitucional, por lo que en los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.

Rechazan medida

Por su parte, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Rubén Moreira Valdez; y PRD, Luis Espinosa Cházaro, en la Cámara de Diputados, rechazaron el acuerdo presidencial al señalar que es violatorio de la Constitución, al tiempo que indicaron que analizan interponer un acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por dicho acuerdo.

En conferencia conjunta, Espinosa Cházaro consideró que es preocupante y alarmante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre.

El priista Moreira Valdez dijo que “no hay un clima a nivel nacional que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son” y consideró que el presidente desconoce el alcance de este decreto y cómo está soportado legalmente.

Jorge Romero Herrera (PAN) aseveró que la coalición Va por México evalúa la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial “porque consideramos que ésta es una invasión de esferas”.

A su vez, el senador Luis David Ortiz de la bancada de Movimiento Ciudadano, explicó que el presidente ignoró al Congreso de la Unión, ya que el contenido debió haberse intentado hacer a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

El tema de seguridad nacional refiere que están vinculados con actos o actividades que defiendan la soberanía e independencia del país, evidentemente esos proyectos que refiere el presidente no cumplen con esa característica, ninguno de ellos cumple con una condición que en su defensa permita señalar que eso implica defender la soberanía del país”.

Juvenal Lobato, académico de la UNAM.

En contraparte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el decreto “es una manera de proteger la inversión pública, y la obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos y evitar la tentación de procesos privatizadores, como normalmente sucedió”.

Vulneran Estadode Derecho

Por su parte, especialistas consultados y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) concordaron que el acuerdo presidencial vulnera el Estado de Derecho, además de mencionar que de origen no cumple con la propia definición de lo que significa la seguridad nacional.

“El tema de seguridad nacional refiere que están vinculados con actos o actividades que defiendan la soberanía e independencia del país, evidentemente esos proyectos que refiere el presidente no cumplen con esa característica, ninguno de ellos cumple con una condición que en su defensa permita señalar que eso implica defender la soberanía del país”, explicó Juvenal Lobato, Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Mientras que Fernando Nieto, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex) además de calificar este acuerdo como “ilegal” consideró que pueden existir efectos importantes no sólo en el funcionamiento de la APF, sino que puede tener costos sociales específicos.

Ambos especialistas concordaron que el acuerdo “tiene que ver con el tema de los amparos; lo que pretende el presidente es que jueces de distrito pudieran tener argumentos para negar la suspensiones cuando se promuevan amparos en esa materia”.

Lobato indicó que la forma de impugnar el acuerdo presidencial es a través de juicios de amparo interpuestos o por una controversia constitucional; ésta última puede ser promovida por órganos autónomos y la Cámara de Diputados o Senadores.

“No son caminos sencillos (...) por lo menos seis meses a un año, no sería rápido”, abundó.

Por su parte, el CCE detalló que la decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.

Aunado a que puede provocar que se incentive la corrupción.

Publicación en DOF es para evitar amparos por obras: Ejecutivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de obras de infraestructura del gobierno federal es para agilizar trámites y evitar que se detengan las obras en curso por la presentación de amparos y no para ocultar la información relacionada con las mismas.

“Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación”, dijo.

Y añadió: “Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, sostuvo.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, anunció que el partido habrá de presentar una “cascada de amparos’’ y que respalda todos los recursos legales que se promuevan contra el referido acuerdo.

La emisión del acuerdo firmado por López Obrador, dijo, representa “un paso más rumbo a la dictadura” en México. (Rolando Ramos)

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