El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no hace política, no juzga, ni litiga con base en señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales, afirmó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera frente a las críticas que se desataron por la sentencia aprobada en votación dividida que dio entrada a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, a la boleta del 1 de julio como candidato a la Presidencia por la vía independiente.

De manera extraordinaria, el tribunal convocó a conferencia de prensa para que los magistrados ponentes de los juicios ciudadanos del Bronco y del aspirante presidencial Armando Ríos Piter, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Soto Fragoso, respectivamente, volvieran a exponer los argumentos de las sentencias dictadas.

De los tres magistrados que votaron en contra de esos proyectos, estuvieron presentes en la conferencia de prensa la presidenta del Tribunal, Janine Otálora Malassis, y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña; sin embargo, no participaron en la defensa de los fallos.

“Estamos aquí, de manera extraordinaria, porque hemos escuchado las expresiones de preocupación de la sociedad mexicana y porque entendemos que es importante que haya confianza en las autoridades electorales”, dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

“Estamos totalmente seguros de la decisión que tomamos, a partir de todos los elementos que se han comentado”, aseguró por su parte el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien consideró que el Bronco, pese a haber acudido en diversas ocasiones a intentar ejercer su derecho, no pudo hacerlo a plenitud “porque acudía a ciegas”.

Ello, porque el aspirante obtenía un apoyo ciudadano y éste era capturado por la aplicación móvil, la información se transmitía al INE y sólo esta institución conservaba el número de folio, sin mayores datos.

Lo anterior, continuó Vargas Valdez, provocó que en aquellos casos en los que el INE determinaba que cierto apoyo no era válido, el aspirante no pudiera comprobar lo contrario.

“Esa omisión del INE se tradujo en una de las causas por la que el aspirante no pudo desahogar en condiciones óptimas el derecho de audiencia”, sentenció el magistrado Vargas.

El INE había descontado al Bronco y a Ríos Piter aquellos apoyos ciudadanos que presentaron irregularidades como simulación de credenciales, fotocopias, personas fallecidas, entre otras, por lo que, tras la validación de las firmas, determinó que ninguno de los dos alcanzó las 866,593 rúbricas necesarias para obtener la candidatura presidencial.

No obstante, tras resolver en votación dividida en la madrugada del martes las impugnaciones de Jaime Rodríguez y Ríos Piter, el tribunal revocó el dictamen del INE y con ello el Bronco aparecerá en la boleta del 1 de julio.

También resolvió por mayoría de votos conceder 10 días de audiencia al senador con licencia Armando Ríos Piter para revisar los apoyos presentados; ello al considerar que se violó la garantía de audiencia. Este periodo comenzó a correr a partir del miércoles.

Pese a que ambos casos son similares, la diferencia de criterios radica en que, de acuerdo con Fuentes Barrera, mientras Jaime Rodríguez Calderón sí acudió a las diversas juntas de verificación, Armando Ríos Piter no hizo lo propio.

NO ESTABAN A CIEGAS, REVIRAn

Consejeros del INE afirmaron que los aspirantes a todas las candidaturas a un cargo de elección popular por la vía independiente no llegaron a ciegas a ejercer su derecho de audiencia para verificar los apoyos ciudadanos que fueron catalogados como irregulares.

La consejera Pamela San Martín señaló que el Tribunal Electoral tiene atribuciones para revisar las decisiones del INE y por ello fueron acatadas las sentencias en sus términos; “sin embargo, lo que no puedo acompañar es que se cuestione el trabajo que se realizó en esta institución, en la revisión de estas firmas”.

Expuso que la aplicación y su funcionamiento habían sido materia de una impugnación que, al resolverla, validó el uso de la misma. “En esta sentencia lo que hemos señalado —y se señaló en el consejo general—, es que se le da un tratamiento diferenciado a un aspirante respecto al tratamiento y la valoración que se realizó con el resto de los aspirantes”.

Puntualizó que a su derecho de audiencia los aspirantes “no llegaban a ciegas, llegaban a confrontar el expediente, mismo que la autoridad estaba valorando”.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños consideró que “lamentablemente se está generando una discusión y un intercambio de expresiones entre los consejeros y los magistrados que no son correctos.

“Somos instituciones del Estado mexicano y los magistrados están empecinados en hacer señalamientos sobre una institución que, por cierto, es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que no depende del tribunal”.