Después de ocho años, el 18 de junio el proceso de implementación de la reforma constitucional en materia penal del 2008 llega a su conclusión. El Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) advierte que de no atender desafíos sistémicos e institucionales, impactarán negativamente la operación y amenazarán su sustentabilidad en el tiempo.

Este think tank expone que los desafíos sistémicos son aquellos problemas del sistema de justicia que afectan a todas las instituciones penales cuya solución depende de acciones coordinadas; por ejemplo, las ausencias de interpretación de leyes e instrumentos para su cumplimiento y falta de coordinación interinstitucional, pues muchas acciones de implementación se produjeron de forma aislada y se ignoró la necesidad de conjugar esfuerzos.

A su vez, los desafíos institucionales refieren problemas concretos y que pueden ser atendidos de forma individual. Entre ellos destacan las deficiencias en reorganización y gestión.

En el caso de las procuradurías y fiscalías, no todas cuentan con unidades de atención temprana, áreas de justicia alternativa, unidades de atención a víctimas y unidades de seguimiento de las medidas cautelares, además de unidades de investigación funcionales. En el caso de los poderes judiciales, no todos diferencian entre las funciones jurisdiccionales y administrativas. Sin estos cambios organizacionales, será difícil que se logre una operación exitosa del sistema de justicia penal acusatorio.

El CIDAC expone también carencias en el desarrollo de habilidades, competencias y profesionalización de operadores, pues a pesar de que el servicio profesional de carrera se encuentra contemplado en la mayoría de las leyes y reglamentos, la realidad es que aún no opera de forma estandarizada a nivel nacional.

Existen, asimismo, ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento; simultaneidad y rezago de sistemas procesales; poco uso de salidas alternas y formas de terminación anticipada. No hay investigación de calidad para garantizar una investigación que cumpla con las expectativas del sistema penal acusatorio.

El CIDAC advierte que el mayor riesgo para el proceso de consolidación de la reforma penal es que el próximo 18 de junio se dé carpetazo al tema y se asuma que el proceso de transformación institucional llegó a su fin. Ello debido a que las diversas instituciones del sistema de justicia penal, como se ha mostrado, tienen aún una larga lista de pendientes que atender con el objetivo de lograr una auténtica modificación de las antiguas formas de trabajo, concluye el CIDAC.

ana.langner@eleconomista.mx