El número de resoluciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra licitantes, proveedores y contratistas por violar la ley en la materia se han presentado en menor medida durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque los montos económicos de las sanciones han alcanzado un máximo histórico.

En su II Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal destacó que entre el 1 de septiembre del 2019 y el 30 de junio del 2020 (10 meses), se emitieron 252 resoluciones sancionatorias contra licitantes, proveedores y contratistas.

De ellas, 72 fueron con multa y 180 con multa e inhabilitación, cuyos montos económicos sumaron más de 1,458 millones de pesos.

El documento también mostró que, en total, durante todo el 2019, la SFP emitió 352 resoluciones contra licitantes, proveedores y contratistas, dicha cifra se posiciona como la más baja para un año, desde el 2003.

En el 2018, último año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto y primer mes (diciembre) del gobierno de López Obrador, se presentaron en total 520 resoluciones de sanciones por parte de la SFP; para el 2019, la cifra de resoluciones (352) se redujo 32.3 por ciento. Incluso, al ser sumadas las resoluciones del 2019 con las del último semestre del 2020 (57), la cifra llega a 409, unas 111 resoluciones menos que las registradas en el 2018.

Cabe señalar que los últimos dos sexenios, las resoluciones contra licitantes, proveedores y contratistas fue a la baja, ya que en 2006 se contabilizaron 7,310 acciones; para el 2018, los datos registraban sólo 520 resoluciones.

De las 409 resoluciones giradas por la SFP, entre el 2019 y junio de este 2020, unas 194, es decir, 47.4% han sido impugnadas. De estas 194 impugnaciones, en 108 casos se confirmó la resolución de la Función Pública.

Cabe resaltar que, en términos monetarios, la administración de López Obrador es la que ha impuesto sanciones económicas más altas.

De acuerdo con el informe, en el 2019, las multas contra licitantes, proveedores y contratistas sumaron más de 1,450 millones de pesos. Anteriormente, el 2018 era el año con la cifra histórica más alta con 1,166 millones de pesos en sanciones.

Aunque es de resaltar que este informe sólo da a conocer los montos de las sanciones, más no la cifra exacta del dinero pagado por los licitantes, proveedores y contratistas multados.

En el documento se añade que a fin de separar los intereses públicos de los privados en las contrataciones, se han ejercido las atribuciones legales para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de sanción a los que sean acreedores, en su caso, los licitantes, proveedores y contratistas.

Ello por infringir las disposiciones vigentes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ya sea dentro de los procedimientos de contratación, en la celebración de algún contrato o durante su vigencia.

maritza.perez@eleconomista.mx