Ocho de cada 10 casos denunciados por ilícitos en el país se quedan en la impunidad reveló este jueves la organización civil México Evalúa.

En su informe “Hallazgos 2017”, el quinto que presenta la ONG en materia de seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se precisa que la media nacional en los casos que se mantienen en la impunidad es de 87.3 por ciento.

“Para la construcción del indicador se utilizaron todas las posibles salidas positivas existentes en el SJP (Sistema de Justicia Penal Acusatorio). En este sentido, Guanajuato logró obtener niveles relativamente bajos de impunidad al emplear en una alta proporción la determinación de no ejercicio de la acción penal (39 %)”, puntualiza el documento.

En términos generales, agrega el informe presentado, es preocupante el nivel promedio tan alto de impunidad en los delitos, ya que aunado a ello, existe una alta cifra de delitos no denunciados e incluso hay 17 estados del país entre los que se encuentran Chiapas, Ciudad de México y Veracruz, entre otros más, que se encuentran por arriba de la media nacional.

En la presentación del informe Edna Jaime Treviño, directora de la organización, aseveró que uno de los principales problemas que mantiene el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la falta de capacitación del personal que lo opera.

“Hoy se debate mucho sobre el número y salario de los servidores públicos federales. hay que decirlo, en el caso del sistema de justicia, simplemente no hay gente suficiente, ni con toda la capacitación que se requiere, ni con la mejor remuneración (...) este estudio muestra que durante el 2017 la capacitación para el sistema de justicia cayó drásticamente”, indicó Jaime Treviño.

Además de esta falta de capacitación, expuso la activista, el sistema de justicia carece de recursos económicos por parte de las autoridades que ayuden a mejorar los procedimientos y las condiciones en las que opera.

“Faltan recursos económicos; los fondos públicos para seguridad y justicia terminan yéndose más hacia la primera palabra que es la seguridad, que a la segunda que es la justicia (...) De cada 100 gastados en el 2017 en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), sólo 6.4 pesos se fueron para el desarrollo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y lo mismo sucede con el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)”, indicó.

En este último programa, Jaime precisó que de cada 100 pesos erogados en el mismo, sólo 4.6 se invirtieron en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Como recomendaciones, María Novoa, directora del área de Justicia de México Evalúa-CIDAC, precisó que se debe de crear una instancia de coordinación nacional sobre el sistema de justicia.

“Necesitamos una instancia técnica, de coordinación nacional que nos permita hacer un seguimiento y una evaluación sistemática de lo que está pasando con la operación y que a partir de ahí se generen las políticas públicas necesarias a nivel nacional y después que esto baje y que cada una de las entidades federativas las transforme de acuerdo con sus problemáticas”, indicó.

Además de esta instancia, Novoa señaló que se debe articular una política criminal que una la seguridad con la justicia con el objetivo de focalizar esfuerzos en materia de procuración de justicia.

“Igualmente considerar todo desde una visión sistémica desde la prevención hasta la reinserción social, sí tenemos que tener esta política articuladora”, expresó.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, destacó que del estudio se puede observar el caso de los ministerios públicos y el número por cada 100,000 habitantes.

Sobre ellos el ministro destacó el caso de Guanajuato, que en los indicadores del informe aparece como la entidad con menor impunidad.

“Yucatán tiene 20 (por cada 100,000 habitantes), Tlaxcala tiene 2.4; Guanajuato que es un buen ejemplo de lo que está funcionando bien tiene nueve, qué quiere decir esto: que no siempre más ¿es mejor?, lo mismo podríamos decir con el caso del número de policías de investigación”, mencionó.

Cossío Díaz añadió que el caso del indicador de impunidad y aquellos estados como Jalisco que mantienen altos niveles de impunidad de más de 99 %, el dato debe tomarse como algo “alarmante” y “terrorífico”.

“Tenemos un problema muy serio en el sistema de impartición de justicia. tiene ya 10 años en el mundo entre la reforma y lo que después vino y ¿qué es lo que realmente tenemos hoy como sistema de impartición de justicia en materia penal?”, cuestionó.

SISTEMA PENAL, PRIMORDIAL PARA LA PACIFICACIÓN DE MÉXICO

En los comentarios sobre el estudio, el ministro de la Corte aseveró que para que al país regresen las condiciones de paz se necesita fortalecer el sistema penal y no empezar con ideas generales.

“Si lo que queremos es la pacificación, yo creo que empezar con ideas generales es complicado y es peligroso; decir ‘vamos a generar todo este proceso, tan tan’, yo creo que lo que tenemos que hacer paralelamente, pero no por ello secundariamente, es entender que todo proceso de pacificación en una sociedad como la nuestra tiene que pasar por la imposición de las normas jurídicas”, dijo en clara referencia al proceso de pacificación al que ha llamado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El ministro de la Corte afirmó que si se generan las condiciones para que aquella persona que delinque se le investigue de manera efectiva y se le aplique todo el proceso de sentencia hasta el encarcelamiento, se generarán incentivos para la pacificación.

“No puede haber proceso de paz, no puede haber de como se vaya a llamar, restaurativo, transicional, lo que se quiera hacer, si no se tiene un sistema penal eficientísimo, porque sino aquello que termine en paz o perdón volverá a recaer y volverá a recaer y aquello no va a tener ningún sentido. las víctimas quedarán profundamente ofendidas, profundamente lastimadas y no va haber ningún proceso de paz posible de generar de ahí y esto sí, insisto, me parece central”, concluyó.