Una jueza en México sentenció a inicios de junio a dos militares a 19 años de prisión por la violación y tortura en el 2002 de Valentina Rosendo Cantú, una indígena de Guerrero, anunciaron organizaciones civiles.

“Yo desde un inicio siempre dije la verdad”, dijo Rosendo Cantú en conferencia de prensa, acompañada por representantes de las organizaciones.

La mujer, originaria de la etnia me’phaa, detalló las fuertes complicaciones que tuvo al denunciar lo ocurrido ante las autoridades mexicanas.

“Donde quiera que me he encontrado con funcionarios públicos siempre se burlaron de mí desde que puse mi denuncia y nunca me pusieron ni un traductor”, dijo.

Mientras cargaba a una de sus hijas, también mencionó que durante los 16 años que duró el proceso tuvo que aprender a hablar español para buscar justicia.

“Desde que inicié esta lucha nunca me imaginé tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que el gobierno me creyera”, señaló.

El caso ocurrió en febrero del 2002, cuando los miembros del Ejército, desplegados en Guerrero para combatir la siembra de amapola, interrogaron a la mujer, entonces de 17 años, sobre el paradero de otra persona, y después la amenazaron, la golpearon y la violaron.

En el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado mexicano al señalar que había quedado probado que Rosendo Cantú había sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura sexual.

El caso es importante para México, donde más de 90% de los delitos queda impune y donde se han registrado cada vez más agresiones contra las mujeres, que en varias ocasiones derivan en feminicidios.

“Nuestra satisfacción con que el Estado mexicano esté cumpliendo. Esta sentencia es una de las reparaciones que exige la CIDH”, dijo por su parte Alda Facio, integrante del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación de las mujeres.

“Es una sentencia muy importante, que cita estándares internacionales”, dijo también Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“Es un ejemplo más de que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades en este país”, agregó.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero en el 2014, dijo que la decisión de la jueza sienta un precedente importante para otros casos de violaciones a los derechos humanos.

“Es el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana. Ojalá las otras instancias vayan confirmando esta resolución”, dijo.