El presidente Felipe Calderón y los gobernadores del país firmaron ayer una serie de acuerdos para reforzar las estrategias, federal y estatales, de combate al crimen y el narcotráfico. Destaca su compromiso de crear una memoria fidedigna de las personas que perdieron la vida en enfrentamientos entre grupos delincuenciales, como lo solicitó el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el escritor Javier Sicilia.

Durante la XXX sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores, el presidente Calderón, los secretarios de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, entre otros, signaron cinco acuerdos.

Uno de ellos es el compromiso para alimentar entre la PGR y las procuradurías y fiscalías estatales una base de datos sobre las muertes que ocurrieron entre el 2006 y el 2011 en enfrentamientos entre grupos delincuenciales. También agilizar las averiguaciones previas y sentencias. Preservar, por parte de las procuradurías, las escenas del crimen.

La titular de la PGR, Marisela Morales, dijo que esa recopilación de información iniciará este mes con los datos relativos a las muertes que han ocurrido en lo que va del 2006 al 2011 y tendrá como plazo máximo mayo del 2012 para la integración de las muertes que ocurrieron en entre el 2006 y el 2007.

Necesitamos saber quiénes son las personas que han fallecido, independientemente de las condiciones en las que murieron, es fundamental saberlo sin importar si se trata de jóvenes que han sido reclutados por los cárteles o personas que han sido secuestradas, desaparecidas, asesinadas por criminales o que hayan muerto en algún enfrentamiento entre delincuentes y las autoridades , dijo previamente el presidente Felipe Calderón, quien en más de una ocasión recordó el diálogo que sostuvo con Javier Sicilia y Julián Le Barón en el Castillo de Chapultepec.

EVALUACIÓN A LOS POLICIAS

Otro acuerdo signado es para agilizar las evaluaciones de control de confianza en los cuerpos policiacos. El tercero para completar la implementación de las unidades de combate al secuestro; complementar su estructura y dar capacitación al personal y generar desde los estados recursos propios para combatir ese delito.

Uno más fue para mejorar el combate a los delitos locales, como robo homicidio, trata de personas, extorsión y robo. Ampliar las acciones contra el tráfico y el lavado de dinero, crear por primera vez un registro de migrantes que transitan por los estados y generar alternativas educativas para los jóvenes.

Para estos rubros, los funcionarios se impusieron como plazo el 15 de agosto próximo para presentar resultados y avances.

Finalmente, otro acuerdo es para revisar las fallas en las estrategias particulares de cada gobierno estatal y compartir información con la Federación. Identificar y dar seguimiento hasta la conclusión de las averiguaciones previas. También, deberán compartir con la Federación información sobre las confrontaciones entre los grupos criminales.

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