Expertos en derecho de la organización Causa en Común anunciaron la búsqueda de un amparo colectivo en contra de la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), ya que consideraron que es un instrumento que viola los derechos de las personas y pone en riesgo la información personal.

Durante el foro virtual: “Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México”, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, anunció que a través de la página de internet de esa organización social se recibirán solicitudes de ciudadanos para interponer un amparo contra la implementación del Panaut, lo cual será gratuito para ellos.

“Un padrón con estas características puede ser una catástrofe especialmente para los más pobres, además es sólo propio de dictaduras. En 180 países ya se piden los datos para poder comprar un celular, pero solamente en 17 países autoritarios como Venezuela, China o Pakistán, nos piden un registro de usuarios de celulares con los datos biométricos; esto no es menor. Esta nueva ley atenta contra la presunción de inocencia y nos criminaliza (a los ciudadanos), porque te ponen en el supuesto que vas a cometer una extorsión”, dijo María Elena Morera.

La activista añadió que la mayor parte de los casos de extorsiones vía telefónica provienen de las cárceles del país, sin embargo, lamentó el poco control que tiene el gobierno al interior de ellas.

Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, mencionó que los ciudadanos no estarían inconformes con proporcionar al gobierno sus datos biométricos, si éste garantizara cero corrupción, hubiera Estado de derecho, respeto a la autonomía de las instituciones, separación de poderes, y no existiera utilización de las instituciones con fines políticos.

“No tenemos un solo caso, una sola sentencia en caso en dos años de gobierno, en contra de nadie relevante del gobierno anterior ni del gobierno en turno. (...) eso es lo que genera el miedo de que esta base de datos tan delicada pueda ser justo utilizada para efectos de espionaje para manipular la justicia, para atacar enemigos políticos y para atacar intereses económicos específicos”, afirmó.

Por su parte, Luis Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, expuso que a nivel mundial los derechos ciudadanos han perdido terreno frente a la actividad gubernamental, incluso antes de la pandemia. 

Argumentó que si los ciudadanos ya entregan a instituciones financieras sus datos personales, es por necesidad y por voluntad, mas no porque sean obligados.

Afirmó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará que el Panaut no sea costoso, en el resguardo de los datos personales no se debe escatimar, al tiempo que explicó que tan sólo una base datos para 100,000 personas cuesta un estimado de 10 millones de dólares.

Pérez de Acha recordó que están vigentes varias suspensiones concedidas por jueces para la implementación del Panaut, por lo que corresponderá a dos tribunales emitir en los próximos días si conceden o no la suspensión definitiva.

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