El actual proceso electoral, que es considerado como el más grande de la historia, también es el más violento, al superar el del 2018, así lo revelaron cifras del Indicador de Violencia Política (IVP) de Etellekt.

De acuerdo con el informe, el número de agresiones o delitos globales registrados contra políticos por la consultora durante el actual proceso asciende a 782, cifra que supera los 774 registrados en el periodo similar del proceso electoral 2017-2018.

Rubén Salazar, director de Etellekt, explicó que el incremento de dichos actos de violencia en diferentes zonas del país se debió, en mayor medida, a las dimensiones de la jornada electoral, catalogada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como la más grande de la historia.

“Es una elección muy grande, era esperable, es decir fueron aproximadamente 2,500 cargos más sobre todo en el ámbito local. Si es un tema en el que había elementos suficientes para poderlo prevenir con mucho tiempo de anticipación. Hace tres años del total registrado, 100 ocurrieron el día de la elección”, comentó.

Por otro lado, el directivo señaló que la alternancia política ha provocado que se fragmente el crimen organizado, lo que causa una mayor rivalidad delincuencial en las zonas, lo que consideran es otro de los factores que influyen en la violencia política que se vive en el país.

“Cuando llegan nuevos perfiles a ofrecerle al electorado un combate estricto a la corrupción, delincuencia y romper esos vínculos políticos-delictivos, comenzamos a ver una escalada de agresiones, que no sólo son homicidios, son todos estos delitos que estamos evaluando”, dijo.

Víctimas

El informe de Etellekt detalló que las 782 agresiones han arrojado un total de 737 víctimas, de las cuales 260 eran mujeres, es decir, 35% del total. En lo que respecta al cargo, se indicó que 518 eran aspirantes y candidatos a un puesto público de los tres niveles de gobierno; 120 militantes de partidos políticos y 99 representantes y autoridades electas.

De los 518 aspirantes, el Índice de Violencia Política explicó que 202 eran mujeres (39% del total). Además, 75% buscaban cargos de elección en el ámbito municipal.

“Las 782 agresiones o delitos globales se han registrados en las 32 entidades federativas y en 460 municipios distintos del país (19% del total de los ayuntamientos)”, se lee en el informe.

En cuando a los estados con mayor incidencia, destaca Veracruz con 117 agresiones que se dirigieron en contra de políticos, aspirantes y candidatos, es decir, 15% del total nacional se registró en esta entidad.

A su vez, de las 89 personas políticas asesinadas durante el actual proceso, 16 desarrollaban su actividad en dicho estado (18% del total nacional).

El informe detalló que de los 89 políticos que han perdido la vida, 35 eran aspirantes a un puesto de elección; de éstos, 13 contaban con registro como candidatos antes sus partidos. Por otro lado, se especificó que, del total de víctimas mortales, 14 eran mujeres.

En términos generales, el IVP precisó que el proceso 2020-2021 es el segundo con más homicidios dolosos contra políticos, sólo después del ciclo 2017-2018 cuando se contabilizaron 152 víctimas de asesinato.

Estrategia gubernamental

Rubén Salazar reconoció que la estrategia implementada por el gobierno federal para la protección de candidatos, ha dado resultados en lo que se refiere a la violencia letal contra políticos.

“Hay un dato muy contrastante, mientras las agresiones globales se elevaron, los homicidios son menores. Por qué ocurrió, pues yo pienso que la estrategia que se implementó sí ha funcionado, por lo menos logró contener la violencia (homicida)... En Sinaloa, por ejemplo, hubo varias mesas a nivel municipal... Sí se hizo un trabajo político de coordinación”.

Estipula ley electoral

Estado está obligado a dar protección

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el Estado mexicano está obligado a brindar seguridad personal a todos los candidatos a cargos de elección popular.

“El presidente del Consejo General (del Instituto Nacional Electoral) podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al consejero presidente (del INE)”, cita el numeral 3 del artículo 244.

De acuerdo con el último reporte oficial, hasta el pasado 21 de mayo las autoridades habían brindado protección a 148 candidatos que contenderán en los comicios del próximo día 6; de estos, 80 son resguardados por policías estatales, 52 por elementos de la Guardia Nacional y 16 por autoridades estatales o municipales.

Marco Antonio Baños, exconsejero electoral, explicó que el rol del Instituto Nacional Electoral, a través de su presidente, consiste en recibir y tramitar las solicitudes de esquemas de seguridad directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia responsable de evaluar las condiciones en las cuales podría darse la campaña del candidato y, en consecuencia, determinar si se debe, o no, brindar seguridad, y, de ser el caso, analizar el tipo de protección a ofrecer.

La petición se hace ante los órganos electorales, y en el caso de que se presente en el nivel municipal se turna al órgano estatal y luego al INE, y es la Segob quien dictamina, junto con las áreas de seguridad pública de los estados, si es necesario brindar o no protección a los candidatos, completó el experto en la materia. (Con información de Rolando Ramos)

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