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10 de diciembre: Día mundial de los derechos humanos
La presidenta Sheinbaum heredó en octubre de 2024 una crisis arraigada en la violencia perpetrada por el crimen organizado y abusos de agentes estatales.

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948.
Este documento, catalogado por la propia ONU como histórico, proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó con el objetivo de convertirse en la norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, además de invitar a todas las personas interesadas y países a esforzarse por adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales, para lograr su reconocimiento y observancia universales y efectivos.
También establece una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos, además de libertades fundamentales a los que todos tenemos derecho.
Aunque la Declaración no es un documento vinculante, por lo que ningún Estado Miembro está obligado a poner en práctica sus artículos, sí ha estimulado la creación de instrumentos de derechos humanos, que en conjunto constituyen una normativa internacional de derechos humanos.
En la actualidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos cuenta con el consenso general de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y avalan los derechos humanos fundamentales promulgados en ella, lo que fortalece aún más la Declaración y pone en relieve la importancia de los derechos en nuestra vida cotidiana.
Los retos de los derechos humanos en México
Human Rights Watch (HRW), organización internacional independiente que investiga, denuncia y defiende los derechos humanos, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó en octubre de 2024 una crisis arraigada en la violencia extrema perpetrada por grupos del crimen organizado y abusos generalizados por parte de agentes estatales con una impunidad casi total.
Sostuvo que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), avanzó poco para abordar varios desafíos que enumeró y que aún están pendientes en la agenda de la mandataria mexicana:
- Violencia criminal
- Independencia judicial
- Sistema de justicia penal
- Tortura
- Detención arbitraria
- Desapariciones
- Pobreza y desigualdad
- Privacidad y acceso a la información
- Abusos por parte de los militares
- Acceso al aborto
- Migrantes y solicitantes de asilo
- Orientación sexual e identidad de género
- Derechos de las personas con discapacidad
- Política climática e impactos
Violencia contra defensores de derechos humanos en América Latina
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recién afirmó que América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo con al menos 257 personas defensoras de derechos humanos asesinadas y desaparecidas en 2024, de las cuales 119 son del medio ambiente, lo que representan el 79.3% de asesinatos y desaparición a nivel global. Los patrones y acciones sistemáticas de criminalización, impunidad, cooptación institucional, estigmatización y represión a la protesta social son una crisis preocupante.
En este tenor, alertó sobre el incremento de violencias y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en la región, tales como asesinatos, violencia de género, el espionaje digital y la desaparición forzada.
Precisó que en la mayoría de los casos, los principales responsables son agentes del Estado, integrantes del crimen organizado, empresas y particulares que actúan en complicidad o bajo la omisión de las autoridades.
Ante este panorama, hacemos un llamado urgente a los Estados a cumplir con la normatividad internacional en materia de derechos humanos, respetar y garantizar la labor de las personas y colectivos que defienden derechos, incluido el Acuerdo de Escazú, y a abstenerse de promulgar normativas regresivas.
