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La segunda vuelta electoral
El debate sobre la segunda vuelta presidencial en México plantea legitimidad democrática, alianzas y participación, pero enfrenta costos, riesgos y complejidades institucionales, por lo que requiere una reforma electoral integral.
Federico Rubli Kaiser | Expectativa racional
¿Es sano para la democracia que un presidente(a) gobierne sin alcanzar la mayoría absoluta del electorado? En las discusiones y en lo que ha trascendido del contenido de la iniciativa de reforma electoral que próximamente será entregada al Legislativo, aparentemente el tema de una segunda vuelta en la elección presidencial no se ha considerado. Esta puede ser posible para México, pero su viabilidad política e institucional es compleja. Sería conveniente que esa propuesta forme parte de las discusiones y debates de la próxima reforma electoral para determinar la conveniencia o no de incluirla como una nueva regla electoral.
Al respecto, revisemos las ventajas y las desventajas que tiene ese esquema en el cual ningún candidato consigue el 50%+1 de los votos, se llevaría a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron la mayoría. En primera instancia, un ganador resultante de una segunda vuelta obtiene una mayor legitimidad democrática al asegurar más del 50% de los votos válidos. Eso le da mayor respaldo a su futuro gobierno. En las últimas dos elecciones presidenciales, una segunda vuelta hubiese sido irrelevante, ya que AMLO alcanzó 53% del total de votos y Sheinbaum 60%. Pero en las anteriores no: Fox 43%, Calderón 36% y Peña 38%. Incluir la regla de una segunda vuelta aseguraría mayor legitimidad democrática para elecciones futuras.
Una segunda vuelta obligaría a los partidos a construir alianzas y acuerdos entre la primera y segunda vuelta, lo que podría reducir la fragmentación del sistema de partidos. Se incentiva también que el ganador de una segunda vuelta integre un gobierno de coalición. Es aquí donde la reforma electoral debe normar y fijar reglas para una gobernanza funcional de una coalición política.
Una segunda vuelta hace que la población se involucre más activamente en una elección, ya que permite reconsiderar el voto inicial y ejercer una votación más pragmática y estratégica. Países presidencialistas de América Latina donde la segunda vuelta ha funcionado razonablemente bien son Chile, Colombia, Perú, Brasil y Argentina.
Por el lado de las desventajas, debe mencionarse un mayor costo económico, pues organizar una segunda elección implica más gasto público en logística, campañas y autoridades electorales. Igualmente, podría darse un desgaste y fatiga del electorado, haciendo que pierda interés. También podría intensificarse la confrontación y polarización. Asimismo, sin una regulación efectiva de los recursos a los partidos y gastos de campañas, se intensifica el riesgo de la penetración del crimen organizado en las elecciones.
La gobernabilidad no se limita a cómo se elige al presidente. La elección del Congreso puede resultar que este quede en manos de fuerzas políticas distintas a las del Ejecutivo. Así, un presidente con mayoría absoluta puede enfrentar un Congreso integrado por mayoría de la oposición. Esto es importante porque se crean contrapesos al Ejecutivo.
En suma, la segunda ronda por sí sola no garantiza una mejor gobernabilidad. Se requiere una reforma integral que contemple la segunda vuelta junto con reglas y normas para las coaliciones de partidos y de gobierno y una regulación más estricta de gastos de campaña, así como reglas de transparencia de alianzas entre vueltas. Valdría la pena reflexionar al respecto.
