¿Oportunidad desperdiciada?

Las nuevas modalidades de hospedaje y la regulación vigente en la Ciudad de México son equidistantes. Mientras que la dinámica económica de la ciudad ha privilegiado —con el aval de las autoridades— hacia la promoción de eventos de talla internacional, se ha acentuado una crisis de vivienda que impactó a los alquileres turísticos.

En junio de 2025, FIFA y Airbnb anunciaron una alianza global mediante la cual la plataforma se convirtió en proveedor oficial de alojamiento alternativo para diversos torneos internacionales, incluida la Copa Mundial FIFA 2026.

Entonces, ambas organizaciones estimaron que más de 380,000 huéspedes optarían por esa modalidad durante el torneo y calcularon una derrama económica de 3,600 millones de dólares para las ciudades anfitrionas.

La oportunidad para propietarios e inversionistas parece haberse desperdiciado, mientras que la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y planeación que permitan equilibrar el desarrollo turístico con el acceso a la vivienda quedó en evidencia.

Más de 700 anfitriones en CDMX han promovido amparos no porque quieran evadir reglas, sino porque la regulación actual no les da certeza sobre algo básico: si van a poder seguir rentando su propiedad o no. El límite de noches del 50% anunciado en la capital en 2024 y que aún no ha sido aplicado es la principal fuente de angustia.

La mayoría no son especuladores ni fondos de inversión. El 90% tiene entre 1 y 2 propiedades, personas que complementan su ingreso, o que dependen de ello para quedarse en su propia casa.

Lo que están defendiendo en tribunales es concreto: su derecho al trabajo digno y lícito, su derecho al uso y goce de su propio patrimonio, y su derecho a no ser discriminados frente a otros actores del sector turístico que operan sin las mismas restricciones como los hoteles.

El panorama judicial es complejo: el caso está en un limbo de competencia entre juzgados administrativos y especializados en competencia económica. Hay suspensiones provisionales vigentes, pero los jueces aún no han entrado al fondo del asunto es decir, nadie ha resuelto todavía si la regulación es o no constitucional. El proceso sigue abierto.

El debate de fondo que nadie está teniendo en público es el que más importa: no es lo mismo un anfitrión que renta su departamento o una segunda residencia que tiene hipotecada y aporta a su ingreso familiar que una empresa especializada que opera un edificio completo de 30 unidades. La CDMX tiene una oportunidad real de liderar con una política diferenciada y hasta ahora no la ha aprovechado.

Efectos secundarios

RETORNO. Ana Margarita Ríos Farjat dejó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace 10 meses. La extitular del SAT terminó su periodo como ministra del Máximo Tribunal tras de renunciar a participar en la elección del Poder Judicial y a sus haberes de retiro. Con apenas 53 años de edad, la abogada regiomontana se integrará a la firma Holland & Knight.

RELEVO. La jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres cumple un mes como titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, órgano especializado que concentra algunos de los procedimientos de insolvencia empresarial más relevantes del país. Con cerca de 20 años de trayectoria en el Poder Judicial Federal, asumió su nuevo cargo tras de la salida de la jueza Nataly Pérez Hernández. Bajo su responsabilidad han quedado expedientes de alto impacto económico, entre ellos el concurso mercantil de TV Azteca, admitido originalmente por su antecesora, así como asuntos relacionados con la crisis financiera de Magnicharters. Este nombramiento ha puesto atención sobre la continuidad de criterios en el principal juzgado especializado en insolvencia empresarial de México.