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El Frankenstein sindical de la 4T
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
No es lo mismo prometer en campaña un hospital al pueblo bueno, que terminará por olvidar la promesa, que asegurar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, a cambio de votos, se cancelaría la Ley del ISSSTE del 2007 para regresar al viejo esquema de reparto de pensiones.
Hoy, el propio gobierno federal ha tenido que aceptar lo que los analistas sabían desde un principio: revertir esa reforma es financieramente imposible, pues implicaría un boquete fiscal equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta obligada sensatez financiera, que es un baño de realidad al populismo de la 4T, es una buena noticia para las finanzas públicas, en la medida en que sus ocurrencias de salida de esta crisis política, como una aseguradora pública de pensiones, no resulten un remedio más caro que la enfermedad. Como este es un gobierno que no va a aplicar la ley, habrá que ver cuál será el costo financiero ante el chantaje.
La gran ironía de la respuesta gubernamental a la CNTE de que “no hay dinero” para el ISSSTE contrasta brutalmente con el despilfarro institucionalizado del sexenio anterior. La sensatez financiera de este gobierno se da de manera forzada por una situación crítica de las finanzas públicas ante una disciplina fiscal perdida el sexenio pasado cuando se quemaron recursos públicos con ocurrencias que dinamitaron tanto la confianza como el presupuesto.
La cancelación del Aeropuerto de Texcoco costó, de entrada, 1.3 puntos del PIB en bonos y contratos tirados a la basura, a lo que hay que sumar la pérdida de un hub logístico global, que, literalmente, hoy en el Mundial de futbol, haría mucha falta. En su lugar, el AIFA tiene muy poco uso y muy altos subsidios.
La refinería de Dos Bocas duplicó su costo hasta 17,000 millones de dólares, lo que absorbió 0.8 puntos del PIB, y su inutilidad es evidente, por más que esté reservada la información como secreto de seguridad nacional.
Los trenes Maya y Transístmico, con sus altos costos de subsidio y rediseño, consumieron más de medio billón de pesos presupuestales. Y hay que sumar muchas decisiones más: Megafarmacia, Gas Bienestar, Insabi y muchas más.
El daño no fue solo en infraestructura, sino en la destrucción del tejido productivo y social. La contrarreforma energética paralizó la inversión privada y le costó al país otros 2 puntos del PIB; Pemex tuvo una puerta de salida para empezar a solucionar su crisis financiera y López Obrador la cerró, hoy se mantiene como un barril sin fondo para los recursos públicos.
La desaparición del Seguro Popular y las estancias infantiles traspasaron un costo muy alto a los hogares; mientras que la destrucción de los organismos autónomos debilitó el Estado de derecho y elevó la prima de riesgo país.
Y es que, de paso, la propia contrarreforma educativa del régimen acabó con los sistemas de asignación de plazas magisteriales por mérito y revivió de forma artificial a estos grupos que hoy los tienen en jaque.
La CNTE es una criatura alimentada por las promesas y el cobijo del propio movimiento en el poder; con este Frankenstein político sí consiguieron votos, pero hoy la factura es el chantaje callejero con un gran peligro financiero, político y social.
