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Opinión

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¿Se debe prohibir la reventa?

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Rodrigo Alcázar Silva | Reglas del juego

Rodrigo Alcázar Silva

Se terminó el Mundial hace apenas unos días y ya se extraña. Con todas sus polémicas, sigue siendo uno de esos eventos capaces de detener a un país entero frente a la televisión. Hace unos días The Economist publicó un análisis curioso: concluía que México era el país que más "merecía" ganar la Copa del Mundo si se tomaba en cuenta, entre otros factores, el número de personas que ese triunfo haría felices.

Una cosa quedó clara durante el torneo: la demanda por asistir a los partidos fue enorme. En México todos los encuentros se llenaron y, conforme se acercaban las fechas, los precios de reventa alcanzaron cifras sorprendentes. Un boleto en la zona más alejada para el partido México-Ecuador rondaba los 25 mil pesos, mientras que para el México-Inglaterra podía acercarse a los 40 mil.

Ante precios como esos, se escuchan muchas reacciones, entre las más comunes se menciona que una de las soluciones para precios tan altos sería prohibir la reventa. ¿Pero, qué tanto esa medida resolvería el problema?

Lo primero que conviene distinguir es que no toda la reventa es igual. Una cosa es quien compró algunos boletos y, por una emergencia o un cambio de planes, ya no puede asistir y busca recuperar parte de su dinero. Otra muy distinta es quien utiliza programas automatizados para adquirir cientos de boletos en cuestión de segundos con el único propósito de revenderlos después. Ambos casos suelen meterse en el mismo costal, aunque plantean problemas muy distintos.

Además, las prohibiciones absolutas no siempre producen los resultados esperados. La reventa tradicional lleva años prohibida en México y, sin embargo, sigue existiendo prácticamente en todos los espectáculos, a la vista de consumidores y autoridades. Cuando la reventa ocurre a través de plataformas digitales, el reto es todavía mayor, pues muchas operan desde otros países y la aplicación de la ley se vuelve mucho más complicada. Una regla que no puede hacerse cumplir corre el riesgo de convertirse simplemente en letra muerta.

¿Significa eso que la reventa deba permitirse sin ninguna restricción? Tampoco.

Existen razones para intervenir, sobre todo cuando el problema es el acaparamiento masivo mediante bots o prácticas similares que impiden a los consumidores acceder a los boletos desde un principio. En esos casos, la regulación debería concentrarse en atacar la causa del problema y no necesariamente toda forma de reventa.

Algunas propuestas consisten en fijar un precio máximo para la reventa. La idea resulta atractiva, pero también tiene dificultades. Si un boleto se compró en 100 pesos y la ley sólo permite revenderlo en 110, es posible que existan muchas personas dispuestas a pagar esa cantidad y muy pocas entradas disponibles. El resultado puede ser que los boletos simplemente cambien de manos por otros medios o que surjan mecanismos para eludir la restricción. Como ocurre con cualquier regulación, no basta con preguntarse si suena bien; también hay que preguntarse si realmente puede aplicarse.

Tal vez sea más útil combinar distintas herramientas: combatir el uso de bots para evitar el acaparamiento, fortalecer la información a los consumidores sobre los riesgos de adquirir boletos falsificados y facilitar mecanismos seguros para que quien legítimamente no pueda asistir pueda transferir su entrada.

También conviene reconocer una realidad incómoda. La reventa existe porque los boletos suelen venderse inicialmente a un precio inferior al que igualaría la oferta y la demanda. El debate, entonces, no es únicamente quién obtiene esa diferencia de valor, sino quién debería obtenerla: el organizador del evento, el primer comprador o nadie.

Como ocurre con frecuencia en materia de regulación económica, el problema es real, pero la solución rara vez es tan sencilla como prohibir. Antes de adoptar una prohibición absoluta conviene preguntarnos si realmente resolverá el problema que queremos atacar o si sólo conseguirá trasladarlo a la clandestinidad.

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