En esta última semana del periodo legislativo, los diputados federales aprobamos la llamada Ley de Amnistía. Como todos sabemos, ésta fue una de las promesas críticas de campaña de mi paisano, el presidente López Obrador. Sin embargo, ahora que ésta es una realidad, habrá que ver si realmente se alcanzan los resultados prometidos, algo que, en lo personal, considero que, al no ofrecer nada nuevo a lo ya establecido en nuestra constitución, no será posible.

Es importante notar que lo que la Ley de Amnistía pretende hacer es otorgar indultos a aquellos delincuentes que hayan sido procesados únicamente por delitos del orden federal, especialmente aquellos relacionados con el aborto, el robo simple sin violencia, la sedición o el narcomenudeo. El argumento del gobierno es que con esto se estaría ayudando a aproximadamente 300,000 personas que, por su situación económica, fueron orillados a incurrir en este tipo de delitos; mismos que, según lo que parece no son tan graves bajo su percepción.

Como economista, no dudo que la situación de pobreza de un individuo puede llevar a que este tome malas decisiones; no obstante, la realidad es que esta ley no estableció nada nuevo, ya que actualmente existen mecanismos muy claros, como el indulto, establecidos en nuestra Constitución; dicha facultad la tiene el presidente de la República y no está acotada a una lista de delitos como es en el caso de esta Ley de Amnistía.

Existen de igual manera en la ley de ejecución de sanciones, medidas alternativas que permitirán liberar anticipadamente a personas, siempre y cuando se tenga un seguimiento puntual de cada uno de los casos y se propicie apoyo para su reinserción social.

En otras palabras, el problema, nuevamente, es que el gobierno federal no está dispuesto a hacer su trabajo, ya que lo más adecuado hubiese sido que, en lugar de aprobar una ley sin materia estructural, el presidente se sentara a revisar caso por caso y ejerciera su derecho de indulto que le confiere nuestro marco jurídico.

Adicional a esto, uno de los problemas que nace de esta ley y que más me preocupa es la falta de un mecanismo que asegure una reinserción social efectiva y segura para los beneficiados. Al no existir un programa cuyo fin sea velar por el bienestar de aquellos indultados tras su liberación, expertos han asegurado que la Ley de Amnistía podría llegar fomentar el crecimiento de las redes de delincuencia organizada que operan en nuestro país. Insisto, estoy a favor de que no se condene a aquellos inocentes que, por su situación económica, son encarcelados; sin embargo, lo último que México necesita es una ley que haga crecer aún más sus redes criminales.

Tras haber concluido un periodo legislativo más, es necesario hacer una reflexión sobre lo que, como diputados federales, hemos alcanzado y lo que aún falta por hacer. Sin duda, la Legislatura de la paridad se ha caracterizado por haber alcanzado grandes cosas; sin embargo, para poder seguir avanzando, también tenemos que observar, aceptar y, sobre todo, corregir las malas decisiones que también se han tomado. Hoy, más que nunca, nuestro país necesita que nuestros gobernantes trabajen con sustancia, efectividad e inteligencia no con ocurrencias, así que hagámoslo, todos en equipo, un equipo llamado México.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.