Emilio Lozoya Austin pasó de ser el muchacho consentido de la prensa durante el gobierno de Peña Nieto a convertirse en un objeto político del sexenio de López Obrador o un villano psicópata de cuya palabra hay que desconfiar. Todo depende de la polarización política desde la que se observe. Pero nada cambia el hecho de que Lozoya Austin, sometido a proceso judicial, goza de los mismos derechos fundamentales que cualquier ciudadano mexicano, como el derecho a la defensa de su patrimonio moral y a la protección de sus datos personales, con los matices que tuvo cuando fue el rockstar de las finanzas y la energía y los matices que tiene ahora, que es presunto culpable de uno de los mayores fraudes conocidos en la larga historia de corrupción de México.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (2012-2016), y antes coordinador internacional de la campaña electoral de Peña Nieto, fue un gran hombre público. Y por “gran” no me refiero a la cualidad de grandeza, sino simplemente a una característica de dimensiones. Lozoya Austin fue dueño de un imperio llamado Pemex que gozó y usufructuó y con el que favoreció a su grupo mientras el imperio se mantuvo de pie. 

Lozoya Austin fue un funcionario público sujeto al escrutinio público por voluntad propia y a una escala inconmensurable. Fue el funcionario modélico de la Administración de Peña Nieto. Joven, experto en finanzas, sofisticado, audaz y, sobre todo, poderoso: comandaba la mayor compañía del sector energético de México, que en sus mejores momentos contabilizó más de 150,000 empleados. La prensa especializada se rendía a sus pies. Economista egresado del ITAM, licenciado en derecho por la UNAM, maestría en la Harvard Kennedy School y distinguido como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Aficionado al arte y a los relojes de lujo. ¿Qué más se podía pedir? A Lozoya Austin le gustaba ser visto y admirado y quizá tanto oro y tanta chapa encandiló muchos ojos críticos y perspicaces, de esos que ahora dicen “Fabio, tanto como te amé hoy te aborrezco”. 

Por eso, más allá de filias y fobias y de la manera como unos y otros “instrumentalicen” a Lozoya Austin —por usar esa palabra enorme con la que se ha defendido el imputado, al describirse como un personaje que fue, por lo menos, manipulado—, conviene dejar en claro algunas certezas que ofrece su caso respecto a la protección de datos personales y el derecho a la información.

Durante el tiempo en que dure el proceso judicial y hasta que se dicte sentencia por alguna de las causas en su contra, Emilio Lozoya Austin tendrá limitados algunos derechos, como el de circulación en plena libertad (andará con un brazalete de vigilancia y no podrá salir del país), pero mantiene la vigencia de sus derechos a la defensa de su patrimonio moral y a la protección de sus datos personales. Esto significa que el juez de control y las demás autoridades que conozcan su caso podrán concederle que se evite la mención de su nombre en los expedientes judiciales y que se utilice una manera de nombrarlo que no exhiba datos personales. Sus abogados sugirieron que se le llame “ERLA”, por las iniciales de su nombre completo: Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Así deberá ser en los archivos públicos si se le concede esa protección, a la que tiene todo el derecho como cualquier ciudadano mexicano. Pero no necesariamente deberá ser así en los medios de comunicación. Emilio Lozoya Austin, ni cuando fue emperador ni hoy presunto culpable, ha sido un ciudadano cualquiera. Más allá del papel que se le asigne en esta gran escenificación judicial contra la corrupción, y de los privilegios que consiga para llevar con comodidad su juicio, su notoriedad pública le impedirá gozar de una esfera amplia para la protección de su vida privada, incluidos sus datos personales, con la amplitud que sí puede esperar una persona de a pie.

Así que tan ridículo es el uso de “ERLA” como de esas banditas sobre los ojos en las fotos de Lozoya, como si se tratara de estrellitas censoras en los pezones. 

La vigencia de algunos de sus derechos fundamentales le permitirá navegar con sus iniciales durante el proceso judicial, pero no debe salvarlo de la vigilancia desinteresada, propositiva y constructiva de la prensa y la ciudadanía, en tanto que su caso será paradigmático de la actuación de la Fiscalía General de la República, en un régimen político y de gobierno que tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Los detalles del caso Lozoya son fundamentales para conocer y juzgar públicamente un periodo reciente de la historia política de México, que involucró a la mayor empresa pública del país, en un sector esencial para el desarrollo económico y de un simbolismo único para la identidad nacional.

Por eso, más allá del papel que juega Lozoya en esta novela policial, el que juegan sus detractores y sus “instrumentalizadores”, éste es un asunto de derecho a la información. Punto. 

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.