Sin justicia no hay estado de derecho. Por ello, la humanidad debió enfrentarse a la impostergable pregunta: ¿cómo impartir justicia en un entorno como en el que vivimos actualmente, por el Covid-19, sin poner en riesgo la vida?

Ello implica ajustar milimétricamente una compleja balanza que permitirá a nuestro poder judicial transitar hacia la indispensable ruta tecnológica.

Por fin en México está sucediendo lo que de otra manera hubiera tardado años y estamos siendo testigos de la “Primavera Mexicana de la Justicia Digital”. En medio de las malas noticias, se coló una excelente práctica que incluso ya se está configurando en una reforma al más alto nivel, el constitucional.

Hagamos una necesaria cronología de la momentánea atrofia del músculo judicial que vivimos hace unos meses para vislumbrar su posterior resurgimiento y potencialización mediante la vía no presencial.

El primer momento fue la suspensión de labores. El pasado 17 de marzo de este complejo 2020 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el acuerdo por el que se suspendieron los plazos jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril para evitar contagios por Covid-19. Lo mismo sucedió en el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se asumió a la impartición de justicia como actividad esencial por lo que la corte decidió mantener la tramitación ordinaria física de controversias constitucionales.

En cuanto al sistema penal, se estableció desde ese primer acuerdo que en materia de ejecución de penas se atenderían vía remota las decisiones que no requirieran audiencias, es decir, se resolvería de manera telefónica o vía correo electrónico en los casos en los que no fuera necesaria la comparecencia. Solo las audiencias presenciales serían las más urgentes, es decir, aquellas que implicaban peligro a la integridad de las personas o mas grave aún, peligro de vida.

Posteriormente, se realizaron acuerdos generales del Pleno de la Corte que el 13 de abril permitieron regular e implementar las sesiones a distancia tanto del Pleno como de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del sistema de videoconferencia. Estas sesiones han sido transmitidas por el canal del Poder Judicial de la Federación, internet y redes sociales.

El siguiente gran avance fue un acuerdo del Consejo de la Judicatura que habilitó el trámite y la resolución de los amparos que antes de la contingencia se hubieran solicitado en línea. Llegaron audiencias y sesiones a distancia y en tiempo real y se dieron los primeros pasos hacia la homologación de los portales en línea del Consejo y la Suprema Corte.

El 8 de junio finalmente el pleno del Consejo de la Judicatura Federal reguló el juicio en línea no solo para el amparo sin para todas las materias y para todos los juicios, recursos e incidentes de los que conocen los órganos jurisdiccionales del PJF. La justicia en linea, se concretó.

Sin embargo, ¿de qué tamaño son los retos de una legislación que sea capaz de salvaguardar la igualdad procesal y el acceso a la justicia? Porque ahora resulta que la justicia se adaptó a las circunstancias y un tema toral como lo es la justicia digital, no se puede legislar sobre las rodillas.

El Congreso de la Unión tiene en proceso de evaluación al menos 24 iniciativas de ley que buscan reformar el aparato de justicia para hacerlo compatible con la plataforma digital, a través de modificaciones constitucionales. También se presentaron ya 7 iniciativas de ley que plantean cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Serían de igual forma susceptibles a ser reformadas la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal y el Código de procedimientos.

Recordemos que se trata de un proceso transicional que aunque lento y a cuenta gotas, ya había empezado en México. Veamos un ejemplo bastante representativo: el Estado de México; que estadísticamente es el más poblado del país. Llevan al menos 4 años desarrollando el “Tribunal Electrónico”. Tan solo del 20 de marzo al 5 de junio se registraron más de 6 mil 900 firmas electrónicas por parte de los litigantes. Sin embargo esto es poco ya que el Estado de México tiene 18 millones de habitantes. En dicho estado, también desde hace al menos 4 años las órdenes de aprehensión y las órdenes de cateo se gestionan en línea. También se cuenta con tribunal civil y juzgado familiar en línea. Los registros del Edomex cuentan con al menos 629 juicios en línea por concepto de pensión alimenticia, 324 por violencia familiar y además se han dictado al menos 12 sentencias en línea en materia de divorcio.

Concluyo afirmando que al menos algo bueno saldrá de esta compleja y lamentable pandemia sanitaria. Al fin le llegó a México la hora de sacudir y desempolvar el sistema de justicia y después de muchos años en la congeladora este ya es un tema prioritario en la agenda legislativa federal y local. Llegó la impostergable hora de la justicia digital, de demandas electrónicas, del desahogo de pruebas a través de plataformas en línea, de digitalizar expedientes y de acceder fácilmente a la información. El poder judicial tiene una deuda con la sociedad mexicana para otorgar juicios expeditos, para disminuir los costos de sus procesos y permitir la desconcentración de litigios judiciales que se encuentran en tribunales federales y que podrían resolverse en estatales.

Los tribunales especializados en línea deben ser ya una realidad común y no una lenta novedad, porque el futuro nos alcanzó y resulta indispensable subirnos a la modernización que ya es realidad en EU, India, China, Reino Unido y Chile entre muchos otros países.

México debe entender que justicia que no es ágil, simple y sencillamente no es justicia.