La situación política de finales de los años 90 y la decisión de descentralizar los servicios de educación y de salud, así como la de financiar a los cuerpos de seguridad locales, cambió buena parte de las coordenadas del federalismo fiscal del país. Los estados adquirieron nuevas responsabilidades que debían de ser financiadas por nuevos fondos (las aportaciones, el Ramo 33), una proporción ligeramente mayor de la recaudación federal participable y algunas, pocas, nuevas facultades tributarias. A lo largo de estas décadas, los estados, en general, enfrentaron altos costos, especialmente por la descentralización de la educación, pero también recibieron mayores recursos de libre disposición, por excedentes petroleros y otros beneficios como el mantener el ISR que retienen a sus empleados. También sucedieron dos fenómenos de resultados lamentables. Uno fue el sobreendeudamiento, que además no se reflejó en mayor inversión en infraestructura. El otro fue la transferencia de recursos convenidos con la Federación, que no tienen los controles adecuados para garantizar la calidad del gasto.

Lo que hemos visto en los últimos años es una enorme transferencia de recursos a los estados, sin que eso se haya traducido en mejores servicios públicos para la ciudadanía, tampoco en infraestructura que detonara crecimiento económico y la competitividad de las regiones. Es prácticamente imposible encontrar una Auditoría Superior local medianamente independiente o una buena experiencia local de evaluación de la gestión pública. Ni las políticas de educación, ni las de salud, ni las de seguridad mejoraron de manera evidente, bajo la administración estatal. En cambio, todos fuimos testigos de enormes desvíos de recursos en las entidades, del tamaño de las transferencias que recibieron en operaciones organizadas por los propios gobernadores.

Los estados, por culpa propia y por las deficiencias en los procesos de descentralización, enfrentan, en general, problemas financieros serios. La solución puede estar en apoyos federales inteligentes, pero que se condicionen a mejoras sustanciales en los procesos de fiscalización, control y calidad de gasto. Es necesario también que los estados hagan uso de sus fuentes de ingreso propias, como los impuestos de nómina, y que coordinen las que corresponden a los municipios, como los de la propiedad. México es uno de los países con menor recaudación en el ámbito local, lo que genera un federalismo desbalanceado, donde las facilidades de gasto no corresponden a sus responsabilidades de ingreso. Varios de los impuestos más progresivos que existen, como el Predial, se cobran muy poco en el país, por la renuncia de cobrar tributos en el ámbito subnacional.

Estamos ante la oportunidad de ordenar el federalismo fiscal mexicano. Los programas federales serán coordinados para maximizar su impacto en el desarrollo de las regiones, y eso debe de ser acompañado de incentivos y obligaciones a las entidades para evitar la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos. Ése es, por cierto, uno de los mandatos más claros de la elección de este año.

VidalLlerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.