Una de las principales líneas discursivas del actual gobierno federal tiene que ver con la confianza hacia el ciudadano. Lo anterior se ha manifestado de diversas maneras. Se ha anunciado que las verificaciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor ya no serán de manera oficiosa, sino que responderán a denuncias o quejas de los ciudadanos; es decir, derivará de la relación de consumo del propio ciudadano, por lo que en principio ya no se llevarían a cabo verificaciones de oficio. Otro ejemplo lo constituye la auditoría y fiscalización de la recaudación de impuestos, pues también se pretende afrontar desde una visión de confianza respecto de los ciudadanos. Sin embargo, esta postura contrasta con la desconfianza, incluso desprecio, que la actual administración ha mostrado a quienes ejercen el servicio público. Basta ver casos como los intentos de despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria para poder constatar esta dualidad.

El pasado 28 de diciembre, la Secretaría de la Función Pública emitió el Oficio Circular FP/100/03/2018, mediante el cual instruyó a los titulares de las distintas áreas de la Administración Pública Federal a que dieran cumplimiento a una serie de criterios relacionados con la contratación de servidores públicos, los cuales fueron dados a conocer en diciembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta en tanto se emita el modelo organizacional al que deberán sujetarse las Unidades de Administración y Finanzas del sector centralizado.

Los lineamientos referidos limitan la contratación de personal, tanto en plazas permanentes, como bajo un esquema de honorarios, a menos que ello resulte justificado, a juicio de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Llama la atención, de entre estos criterios, una regla que imposibilita a quien hubiera recibido “el beneficio” de una indemnización en términos de ley dada la terminación de su relación laboral, a ser contratados nuevamente en alguna área del mismo sector de la administración pública federal, por el término de 12 meses, a menos que regrese el monto de la indemnización a la entidad pública correspondiente.

Esta directriz, cuya constitucionalidad es francamente cuestionable, pretende que ciertos servidores públicos elijan entre dos derechos: o deciden conservar el monto de la indemnización (la cual por cierto es un derecho y no un beneficio como se advierte) en cuyo caso no podrían ser considerados para contratárseles en un periodo de 12 meses, o bien, renuncian a su liquidación y reintegran el monto correspondiente a la entidad pública con la que terminaron la relación laboral, para que puedan ser contratados por otra entidad del mismo sector, antes de que transcurra un año.

La lógica detrás de este proceder es claramente la desconfianza hacia el servidor público. Lo que se busca es que quien ocupó un cargo, y buscó ser despedido y liquidado (bajo los términos de ley), no sea “recontratado” de manera inmediata en otra área afín. Se busca castigar una práctica poco ética, pero la forma de combatirla podría vulnerar derechos laborales (no beneficios) de los servidores públicos. Si retomamos el tema de la confianza al pueblo como uno de los ejes del nuevo gobierno, éste la deposita en el ciudadano, siempre y cuando no sea servidor público, o lo que es lo mismo, candil de la calle oscuridad de la casa.