El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus morenistas ganaron el primer round del pleito que sostienen contra el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que éste decidiera posponer la realización de la consulta de revocación del mandato presidencial aduciendo que no tiene los fondos suficientes para ello.

El miércoles, a las 9:34 PM (Centro), por medio de un tuit, la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que su Comisión de Receso (encargada de los asuntos de la Corte cuando ésta se encuentra en receso), integrada por las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yazmin Esquivel, “concedió la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato” y ordenó que se “continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.

Para el INE, los 1,503 millones de pesos son insuficientes para realizar la consulta. Ese monto no representa ni la mitad de los 3,830 millones que asegura necesitar para hacerlo. Solo para la instalación de 161,490 mesas receptoras, incluyendo la impresión de materiales, tinta indeleble, crayones y otros artículos requiere 1,471 millones de pesos; para la contratación de 32,451 capacitadores electorales, 5,451 supervisores electorales y el personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas y capacitar a 807,450 funcionarios de casilla, necesita 1,213.3 millones. Sólo estos dos conceptos suman 2,684.3 millones de pesos.

La SCJN le ordenó al INE hacer algo, “hasta su conclusión”, para lo que supuestamente no tiene los recursos necesarios.

Entonces, ¿va a poder hacerlo? No, porque no tiene el dinero necesario para ello.

La Ley Federal de Revocación de Mandato señala puntualmente todo lo que el INE está obligado a realizar antes, durante y después de la consulta de revocación. Y el hacerlo exige vastos recursos materiales, humanos y económicos, algo que a veces parece no pasar por las cabezas de nuestros legisladores cuando aprueban una ley o un presupuesto de egresos.

Si bien la decisión de la Comisión de Receso de la SCJN le niega al INE posponer la consulta y le ordena seguir avanzando en sus trabajos, queda pendiente el segundo round del pleito AMLO vs INE: la controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que el Instituto presentó el 7 de diciembre pasado.

La suspensión solicitada por el INE fue negada por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá porque la consulta es un hecho de realización incierta que para llevarse a cabo se necesita que así lo solicite el 3% de las personas incluidas en la Lista Nominal de Electores. Por lo tanto, la Corte no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios porque todavía no existe afectación alguna al INE.

La SCJN decidirá sobre esta controversia apenas se anuncie que se recabó o no el 3% de las firmas de los electores. Ese será el segundo round, de pronóstico reservado.

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Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.

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